Por Eric M. Staib. (Publicado el 17 de diciembre de 2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/3914.
Se ha demostrado
que la llamada “opción pública” para un seguro de salud con bajas primas es una
forma segura para eliminar significativamente, y quizá incluso por completo, la
provisión privada de seguros de salud. Gracias al coraje en la
postura del Senador Joseph Liberman, parece que la opción pública no
formará parte de ninguna ley que apruebe el Senado. Por desgracia, la HR 3962
incluye regulaciones que destruirán la capacidad de empresas privadas para
ofrecer seguros competitivos, con o sin opción pública.
Para entender la devastación que generará esta ley, primero
debemos entender cómo
funcionan los seguros de sanidad en un mercado libre para transferir el
riesgo financiero individual a grandes “fondos de riesgo” con menos variaciones
a lo largo del tiempo. Los consumidores enemigos del riesgo pagan “primas” a
las aseguradoras cada mes para eliminar ese riesgo y a su vez las aseguradoras
asignan a sus clientes a distintos grupos de acuerdo con su riesgo de grandes
indemnizaciones.
Un sector ya regulado
A las empresas aseguradoras ya se les ha limitado
estrictamente su capacidad de asignar a los individuos a distintos grupos
de riesgo y cobrarles primas diferentes. Al forzar a grupos de alto y bajo
riesgo a estar en el mismo fondo, las regulaciones existentes aumentan las
primas a los consumidores de bajo riesgo y disminuyen las de los consumidores
de alto riesgo. No es más que una subvención coactiva a los menos sanos y hace
que los consumidores de bajo riesgo renuncien a contratar seguros de salud. Por
eso la mayoría de
los no asegurados no son pobres y agonizantes, sino que de hecho son
jóvenes sanos que no tienen casi ningún riesgo de costes de salud prematuros.
Para afrontar su imposibilidad de partir en niveles de
riesgo, las empresas aseguradoras en busca de beneficios deben recortar costes
excluyendo del seguro a los pacientes de máximo riesgo. En un mercado libre, a
estos individuos se les ofrecerían seguros con una prima mayor de acuerdo con
su alto riesgo de grandes indemnizaciones. En términos humanos, esto lleva a la
exclusión de gente con antecedentes y con indemnizaciones grandes en anteriores
planes de seguro. De nuevo vemos cómo la política económica de izquierdas daña
a la misma clase de la sociedad a la que sus partidarios quieren proteger.
El Obamacare es un programa de bienestar
Siendo conscientes de la exclusión de estos desafortunados
ciudadanos, en la página 95 de la propuesta los demócratas
de la Cámara han propuesto ilegalizar completamente la exclusión de cualquier
cliente por las siguientes razones:
“estado de salud, condición
médica, historial de indemnizaciones, servicios de salud recibidos, historial
médico, información genética, evidencias para aseguramiento, discapacidad u
orígenes de lesiones (incluyendo condiciones que aparezcan de actos de
violencia doméstica) o cualquier factor similar”.
Por tanto será ilegal rechazar asegurar a cualquier cliente
por cualquier razón, incluyendo la evidencia para aseguramiento. Además de ser
incapaces de excluir futuros ingresos, se prohíbe a las aseguradoras en la
página 29 que se rescinda a clientes sus pólizas por cualquier razón que no sea
una “una clara y convincente evidencia de fraude”.
El efecto en la estructura de los seguros es obvio: esta
nueva ley convertirá el seguro de sanidad en un programa de derechos forzosos
legales y el nuevo derecho será utilizado por quienes son demasiado caros para
ser asegurados baja las restricciones actuales de partición en grupos de
riesgo. De nuevo es importante recordar que estos pacientes tendrían la opción
de contratar un seguro en el mercado libre, pero sus planes tendrían primas que
reflejen realmente su riesgo personal de salud.
Mientras que la separación de grupos de riesgo está
considerablemente limitada por regulaciones nacionales y estatales, la pequeña
separación que se permite seguiría siendo capaz de mitigar los altos costes de
obligar a las aseguradoras a cubrir literalmente a todo cliente que quiera
contratar un seguro. Mientras que los individuos de alto riesgo no pagarían
tanto en primas como en un mercado libre, las compañías de seguros seguirían
siendo capaces de imponer primas ligeramente más bajas para atraer a clientes
de bajo riesgo.
Sin embargo esta desigualdad en las primas ofende a los
políticos empeñados en la igualdad. Por tanto en la misma página siguiente de
la propuesta, los demócratas proponen prohibir cualquier variación en las
primas, excepto de acuerdo con el área geográfica, grupo de edad y en si el
plan en cuestión cubre a un individuo o a una familia.
Estas disposiciones serían catastróficas para el mercado de
los seguros. La propuesta sólo permite variación de primas por edad con un
ratio de dos a uno entre las mayores y las menores. En términos reales, los
pacientes mayores, que cuestan varias veces más asegurar, sólo pueden tener que
pagar el doble que los veinteañeros, que a menudo pasan años sin reclamar nada.
No hace falta decir que es un subsidio para los mayores.
La propuesta deja la determinación de la diferencia
máxima entre planes individuales y
familiares a discreción del comisionado de “alternativas sanitarias”, que
probablemente se verá bombardeado con visitas y cartas de organizaciones de
presión orientadas a la familia buscando una sanidad subvencionada y pagada por
solteros y personas sin hijos. Esta búsqueda de rentas acabará inevitablemente
en subvenciones otorgadas de acuerdo con objetivos políticos, dependiendo de si
el fin es atraer a más jóvenes, votantes solteros o padres.
Al convertir cada transacción en un subsidio se induce a la
clase subvencionada a realizarla y se induce a la clase subvencionante a
intentar evitarlo. En este caso, esto significa que incluso más jóvenes y gente
sana (y muy probablemente, personas sin hijos) abandonarán sus cada vez más
caros planes de seguro e intentarán atender sus riesgos de salud por sí mismos.
Este terrible resultado de fijar precios coactivamente disminuye el beneficio
del subsidio para los consumidores de alto riesgo y la capacidad de las
aseguradoras de controlar y reducir los pagos medios.
Los demócratas conocen este efecto de su política y han
legislado de acuerdo con ello. Las páginas 296-300 enmiendan la ley fiscal
federal para crear un nuevo impuesto a todos los ciudadanos que no contraten un
seguro sanitario. Privar a estos individuos de la capacidad de no incluirse en
los nuevos fondos indiferenciados de seguros es una afrenta atroz a la elección
individual y requiere la amenaza de
prisión. El nuevo impuesto ayudará a conseguir el objetivo estadístico de la
cobertura universal, pero también lo hará a un coste increíble en los ingresos
y la libertad de los relativamente jóvenes y sanos, la mayoría de los cuales,
paradójicamente, votaron por Obama y los candidatos demócratas al Congreso.
Costos en aumento
No sólo los individuos de alto riesgo que ahora se ven
excluidos del mercado por la regulación tendrán el derecho legal a contratar el
modelo mínimo de cobertura indicado en la ley, sino que tanto estos
consumidores excluidos como los que ahora están en grupos de alto riesgo
tendrán incentivos financieros para contratar mayores niveles de seguro. A la
vista de los nuevos precios subvencionados, los individuos de alto riesgo
contratarán planes con menos deducciones. Pagar por un porcentaje más alto del
precio de más reclamaciones aumentará masivamente el coste de asegurar al nuevo
grupo general de clientes.
Por tanto, uno de los pocos caminos que quedan a las
aseguradoras para recortar sus costes es limitar la cantidad que los individuos
pueden recibir en indemnizaciones. De hecho las compañías de seguros ya emplean
límites a las reclamaciones en vida para atender a las leyes de partición de
riesgos y ofrecer paquetes a bajo precio a consumidores de bajo riesgo. Como
cabía prever. La página 50 de la propuesta prohíbe a las aseguradoras imponer
límite alguno a los beneficios en vida.
Prohibir los límites en vida garantiza que todos los
consumidores tendrán el incentivo para solicitar más tratamientos, porque la
ley les asegura que no se les trasladará a un grupo de primas mayores hasta que
entren en un grupo de edad diferente o se muden a otra área. Para los mayores
ya subsidiados, esto crea incentivos para realizar más tratamientos de
prolongación de la vida en sus últimos años. Esos tratamientos son varias veces
más caros que la atención general de otros pacientes mayores.
Los lectores más perspicaces objetarán correctamente que mientras
la propuesta de sanidad demócrata aumentará drásticamente los costes para
cualquier proveedor de seguros, la misma propuesta también requiere que todos
los individuos contraten el paquete mínimo del seguro o se incluyan en la
opción pública. Precisamente porque en la actual explicación estamos ignorando
los efectos de la opción pública, es posible argumentar que si no hubiera
opción pública esta ley sería realmente una bendición para las aseguradoras
privadas, a las que se les garantizaría que virtualmente todos los
estadounidenses contratarán sus planes. Por tanto, para sobrevivir a esta ley,
las compañías de seguros simplemente aumentarían las primas de los paquetes que
debe contratar cada individuo.
Esto sería cierto, si no hubiera más regulaciones
prohibiendo en la práctica el aumento en las primas. La página 31 de la
propuesta obligaría a las empresas de seguros a “presentar una justificación”
de cualquier aumento previsto en el futuro en primas a cualquier grupo ante el
secretario de Servicios Humanos y de Salud (HHS, por sus siglas en inglés), así
como a las autoridades del estado.
Así que el secretario del HHS y los “zares sanitarios” del
estado revisarían anualmente y aprobarían o denegarían cualquier aumento en las
primas. En varias secciones de la propuesta, el comisionado de alternativas
sanitarias tiene el poder de determinar la contabilidad de costes y otros
métodos de clasificación que decidirán si está justificado un aumento de
precios a los ojos del secretario del HHS.
Los funcionarios que operan bajo el mandato del Congreso
para lograr la cobertura universal difícilmente querrán aprobar aumentos en
precios, incluso aunque eso signifique una lenta bancarrota para las
aseguradoras privadas. Incluso si pueden “competir” y se ven estranguladas por
una opción pública que han financiado ya los consumidores con sus impuestos,
las aseguradoras se verán completamente arruinadas por las restricciones a su
capacidad de controlar y separar gastos y de aumentar precios para ajustar sus
siempre crecientes gastos.
Conclusión
Aunque una opción pública sin duda adelantaría la muerte del
mercado de seguros privados en Estados Unidos, no es un medio necesario para
ese fin. Al destruir la estructura económica de los seguros, la HR 3962
convertiría un sector ya sobrerregulado en un programa de bienestar
pseudoprivado. Incluso sin una opción pública, las aseguradoras no podrían
controlar costes o ajustar precios. El resultado inevitable será la completa
disolución del mercado privado de los seguros de sanidad.
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Eric Staib es especialista en economía en la Universidad de
Oklahoma.