Por Eric M. Staib. (Publicado el 15 de junio de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4464.
Al llegar recientemente a Shangai, al autor le sorprendieron inevitablemente dos cosas: la expansión masiva de la construcción de inmuebles y la polución maloliente y omnipresente del aire. Aunque el crecimiento chino ha sido reforzado por otros factores, ambos fenómenos son consecuencia de la intervención socialista del estado chino en la legislación medioambiental.
La apropiación del estado chino de todos los litigios sobre contaminación en sus tribunales es una evidente colectivización de los derechos de propiedad medioambientales, principalmente los derechos al aire y a la superficie, muchas de las cuales están cubiertas de hollín después de unos pocos años.
El consecuente y sistemático rechazo del estado a aceptar las reclamaciones de los propietarios por daños contaminantes a la pureza del aire y al aspecto de las superficies de sus estructuras constituye así una redistribución de los derechos colectivizados a industrias “sucias” y a otros grandes contaminadores.
Lo que puede decirse y lo que no
Hay quien puede argumentar que el rápido crecimiento en las estadísticas de producción y oportunidades de empleo en China compensa sobradamente los costes del socialismo medioambiental. De hecho, es teóricamente indiscutible que las recientes décadas de externalización de costes medioambientales han contribuido al atractivo de China para inversores extranjeros en mercados altamente contaminantes.
Sin embargo una afirmación así no es defendible económicamente. Simplemente, no existe una “utilidad total” y por tanto una cantidad de utilidad social “óptima”. La utilidad más bien es sencillamente el término que usa el economista para representar la comparación de la practicidad esperada que guía la acciones económicas de los individuos y es en sí misma incuantificable.
Es imposible saber si la utilidad ganada por el pueblo chino que disfruta de empleo en industrias sucias o por los consumidores de los productos que fabrican estos trabajadores compensa la utilidad perdida por aquéllos cuya propiedad o persona se ve dañada. Quienes hablan de lo que es “mejor” para naciones o regiones enteras de actores individuales no practica la economía, sino el vandalismo intelectual estatista.
Además, mientras que el ecosocialismo ha ayudado sin duda a China a convertirse en un importante refugio para los contaminadores, también ha tenido probablemente efectos inhibidores en inversiones en industrias menos emisoras y más ecodependientes. Por ejemplo, el agua contaminada y la constante nube de contaminación de China difícilmente serían productivas para una agricultura orgánica o una producción alimentaria de calidad.
También es imposible calcular el aumento del empleo y la producción que podrían haberse producido en un mercado libre en la litigación medioambiental, y por supuesto seguiría siendo imposible cuantificar un cambio total en la utilidad si se hubiera dejado aparecer un mercado de este tipo.
Sin embargo, lo que sí puede decirse con seguridad es que empresas e individuos actuando en mercados libres entraría en relaciones legales de cooperación que puede esperarse que produzcan los mejores resultados posibles, dada la restricción de las demandas de partes opuestas.
Es fácil entender que esas relaciones consensuadas tenderían a producir una mayor paz social y un progreso económico genuino comparado con las relaciones antagonistas producidas por buscadores corruptos de rentas, que se ven favorecidos por la propiedad medioambiental colectivizada. De hecho la minimización de conflictos es el mismo impulso para la aplicación de los derechos de propiedad privada, y es la razón por la que las sociedades de propiedad privada siempre y en todas partes se han desarrollado más que las socialistas similarmente dotadas.
La perspectiva libertaria
Para que esas relaciones se desarrollen de la forma más práctica y legítima, el paradigma libertario habitual de los derechos de propiedad necesita simplemente extenderse a los derechos medioambientales.
La ocupación del primer uso debe ser la base de los derechos medioambientales al aire, el agua, la tierra y otras propiedades actualmente socializadas. Los detalles técnicos, como la altura de la parcela de aire de un propietario, deberían determinarlos tribunales y fuerzas policiales privados en competencia.
En la mayoría de los casos, los actuales titulares heredarían los derechos originales medioambientales por el hecho de ser los más legitimados para hacerlo. Incluso cuando la aplicación de sus derechos heredados pueda contradecir las leyes medioambientales colectivas del estado, habría que aplicar los derechos de estos propietarios. Esto sucedería porque los patrones legales eran ilegítimos desde el principio, al haber sido impuestos por violencia agresiva del estado en lugar de por consentimiento mutuo.
Una revocación del colectivismo medioambiental realmente tendería a esterilizar los gastos previos de inversión en industrias sucias y por tanto tendría en un principio efectos negativos en el crecimiento industrial.
Sin embargo, como la propiedad libertaria de un bien escaso debe incluir el derecho a transferirlo y alquilarlo, las empresas e individuos preferirían vender o alquilar parte o todos sus derechos medioambientales a un precio adecuado. Así que allí donde los beneficios de la contaminación de una compañía superen los costes a los individuos afectados, demostrados por la voluntad de comprar o alquilar los derechos necesarios a precios de mercado o simplemente continuar violando la propiedad o pagar los daños, se producirá dicha contaminación. Cuando dicha polución no sea mutuamente beneficiosa, las empresas se verán obligadas a dejar de contaminar.
La dinámica resultante equilibraría las demandas de los consumidores y las realidades emisoras del diseño de la producción con las preferencias de los propietarios. Los sistemas de justicia guiados por los beneficios claramente tenderían a decisiones mucho más justas que los tribunales y agentes públicos monopolísticos.
De hecho, cuando se producen y aplican leyes medioambientales a través de un monopolio de la coacción (que es, por definición, el estado), el monopolista no necesita ni busca siquiera ese doble consenso, pues no hay alternativa para las partes que no están de acuerdo.
Para evitar una revolución violenta y beneficiarse de las rentas, los principales gestores de esos monopolios legales (los dirigentes del estado) se ponen de acuerdo con las clases económicamente superiores. Juntos violan seriamente los derechos de las clases más débiles, que no tienen la reparación legal que les ofrecería una sociedad libre.
Está fuera de duda que esta es la historia conocida del ecologismo socialista. Los tribunales de China, como es previsible, han redistribuido constantemente la propiedad del aire de los pobres y empresas no contaminantes a los industriales ricos. Los industriales, a su vez, ofrecen a la clase política una reputación global por promover el crecimiento económico, así como mayores ingresos fiscales, sobornos y donaciones de campaña.
Las naciones occidentales también han actuado de acuerdo con los perversos incentivos del monopolio. Como los propietarios en las naciones occidentales son mucho más ricos, son mucho más capaces de ofrecer suculentas donaciones de campaña y conseguir compañeros de colusión más atractivos.
La industria contaminante también constituye una porción mucho menor de la producción nacional en los mercados occidentales y por tanto está menos dotada para ofrecer sobornos, ingresos fiscales y donaciones. Este hecho explica la tendencia de los políticos occidentales a ofrecer azotes públicos incluso a los contaminadores más nimios.
Conclusión
El gobierno chino, lejos de ser demasiado pasivo en su política medioambiental, ha sido uno de los matones medioambientales más activos del mundo, como prueban los inmensos horizontes de hollín y contaminación de China. En lugar de potenciar el control estatal de la propiedad y las leyes medioambientales, la única política sensata para el futuro es la liberalización del mercado de la aplicación y arbitraje de los derechos de propiedad.
Eric Staib es especialista en economía en la Universidad de Oklahoma.