Por Carl F. Horowitz. (Publicado el 2 de julio de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4545.
La explosión del 20 de abril y su consiguiente vertido constante de petróleo en una plataforma de perforación en aguas profundas operada por BP en el Golfo de México a 40 millas de la costa de Louisiana ha generado un justificado enfado en toda la nación. También ha generado reclamaciones de sanciones duras contra BP, siendo la más drástica la confiscación de todos los activos de la compañía.
La avanzadilla de esta campaña es una organización ad hoc que se llama a sí misma “Seize BP” [“Apropiémonos de BP”], que ya ha organizado docenas de concentraciones en todo el país.
Su objetivo es el que dice su nombre: persuadir a la administración Obama para que se apropie de los activos de la compañía británica y usar lo obtenido para compensar a las víctimas y familiares por sus pérdidas de vidas, salud y propiedades.
Como si fuera tan sencillo. Es verdad que los descorazonadores resultados para la ecología de la región costera del Golfo de México dañada por la toxicidad del petróleo y la eliminación del oxígeno hacen compresibles esos impulsos. Se han vertido al menos 100 millones de galones de crudo del pozo siniestrado en las playas y otras propiedades. Aún así una actuación como esa a largo plazo establecería un precedente cuyo efecto sería eliminar al sector privado de la perforación en esa región. Y dadas las experiencias de industrias petrolíferas nacionalizadas en todas partes, probablemente no impida más vertidos. Desgraciadamente, la lógica del mercado raramente apela al impaciente.
Aparentemente, no apela a la administración Obama. El Presidente Barack Obama, bajo una enorme presión pública para que “haga algo” ya ha iniciado un proceso de nacionalización de facto. En una reunión a puerta cerrada el 16 de junio en la Casa Blanca, Obama obligó al director ejecutivo de BP, Tony Hayward, a “donar” 20.000 millones de dólares a una nueva cuenta de depósito, destinada al pago de reclamaciones de daños: el presidente lo calificó de “un buen principio”. Obama ha ordenado asimismo una moratoria de seis meses en el otorgamiento de perforaciones en aguas profundas (al menos 500 pies por debajo del nivel del mar) y en perforaciones en 33 pozos exploratorios en el Golfo de México; el juez de distrito de EEUU Martin Feldman invalidó la acción una semana después por opresiva, pero la administración ha prometido apelar. El Presidente Obama se ha apoyado asimismo en el Departamento de Interior y otras agencias federales para aumentar agresivamente la supervisión de todas las operaciones de perforación en el Golfo.
Luego está el asunto de la acción de los tribunales. El fiscal general, Eric Holder, anunció que el Departamento de Justicia está revisando si se vulneraron leyes civiles y criminales. “Nos aseguraremos de que los responsables arreglen los problemas creados y restauren o repongan los recursos naturales perdidos o dañados en esta tragedia”, dijo Holder. Esto es independiente de las inevitables querellas de los estados de Louisiana, Missouri, Mississippi, Alabama y Florida (BP ya les ha dado un total de 305 millones de dólares), más docenas de demandas privadas ya presentadas. Si la compañía afronta cargos criminales, sólo sus costes legales (independientemente de acuerdos estratosféricos e indemnizaciones de jurados) pueden ser de decenas de miles de millones de dólares. Sí, BP es una empresa muy rentable. Pero es principalmente por eso exactamente por lo que el Presidente Obama y su gente van contra la compañía con tal ferocidad. ¿Para qué preocuparse de exprimir a quien pierde dinero?
A pesar de todo esto, un gran número de activistas quieren que la administración vaya mucho más allá. Están reclamando que el gobierno federal confisque todos los activos de BP y los deposite en un fondo “temporal”. Aquí aparece Seize BP.
UN proyecto de una organización comunista, Act Now to Stop War and End Racism (más conocida como ANSWER [RESPUESTA]) Seize BP hace circular una reclamación en línea que reza como sigue:
El gobierno de Estados Unidos debe apropiarse de BP y congelar sus activos, y poner esos fondos en depósitos para empezar a proveer auxilio inmediato a la gente trabajadora en los estados del Golfo cuyos trabajs, comunidades, hogares y negocios se están viendo dañados o destruidos por las negligentes acciones criminales del CEO, el Consejo de Dirección y la alta dirección de BP.
ANSWER justifica su reclamación en una declaración que aparece en PSLweb.org (“Partido para el Socialismo y la Liberación”), formulada en el previsible tono estridente:
Debemos actuar ya para defender empleos, comunidades, vida salvaje y el medio ambiente de las fuerzas combinadas de BP, otros gigantes petroleros y el gobierno federal que han actuados como cómplices en la imprudente y frenética búsquedas de superbeneficios corporativos al permitir la ultrapeligrosa perforación marítima en aguas profundas. BP consiguió 5.600 millones de dólares de puro beneficio sólo en los tres primeros meses de este año. (…)
El gobierno de EEUU funciona como un sirviente de los capitalistas de las grandes petroleras, tanto interior como exteriormente. Nuestros trabajos, nuestros seres queridos, nuestras comunidades y el medio ambiente de todos se sacrificaron en los esfuerzos de gobierno por servir a BO y otros gigantes del petróleo. Cientos de miles han muerto y se han herido por el petróleo. Los pueblos de Iraq e Irán, y en otras partes, se han visto sometidos a crueles invasiones y ocupaciones por el ejército de EEUU y la CIA para que BP y otras puedan saquear sus recursos naturales.
Los defensores de la confiscación argumentan que la Ley de Contaminación Petrolífera de 1990, que creó un fondo de depósito federal para tener disponibles hasta 1.000 millones de dólares por incidente, no es suficiente. Abolir el beneficio, aparentemente sí. “Esto es parte de una crisis más profunda en la extracción lucrativa de recursos, que creemos, y cree la coalición ANSWER, que no es la forma de extraer recursos para uso humano”, decía Mike Chrisemer, seguidor de ANSWER y miembro del Centro por la Educación Participativa de la Universidad Estatal de Florida. “Creemos que la fórmula no lucrativa es la mejor solución. Dejárselo a las empresas que sólo tratan de hacer dinero, lo que no siempre es igual a hacer lo que es mejor para la comunidad”.
A los líderes de Seize BP no les impresionaron las recientes garantías de Tony Hayward de que su compañía se compromete a atender todas las reclamaciones. “Nuestra reclamación es muy directa y sencilla: Apropiarse de activos de BP suficientes para compensar a la gente a la que han perjudicado”, dice el jefe de organización de Seize BP, Carl Messineo.
Fuentes sólo ligeramente más respetables que ANSWER/Seize BP también están yendo más allá. Una importante es Robert Reich, secretario de trabajo durante la primera administración Clinton y ahora profesor de políticas públicas en la Universidad de california en Berkeley. Al escribir en la edición del 31 de mayo del Huffington Post, Reich argumentaba que como afrontamos una emergencia nacional, el gobierno federal debe apropiarse temporalmente los activos de BP. Sin esa acción, es imposible una responsabilidad corporativa completa. El artículo merece citarse extensamente:
Es hora de que el gobierno federal ponga a BP temporalmente bajo intervención administrativa, lo que le daría autoridad para controlar las operaciones de BP en el Golfo de México hasta que acabe el vertido. Es la única forma de que la opinión pública sepa qué pasa, tenga suficiente confianza en que se van a utilizar los recursos necesarios para acabar con la fuga, se asegure que la estrategia de BP es correcta, se sepa que el gobierno tiene influencia suficiente como para forzar a BP a utilizar una distinta si es necesario y se asegure que el Presidente está en último término al frente.
Si el gobierno puede apoderarse de la gigantesca aseguradora global AIG y el gigante del automóvil General Motors y reemplazar a sus presidentes ejecutivos con el fin de mantener su solvencia financiera, debería ser capaz de poner las operaciones de BP en Norteamérica bajo intervención administrativa con el fin de detener uno de los peores desastres medioambientales en la historia de EEUU.
La administración Obama sigue diciendo que BP está al cargo porque BP tiene el equipo y la experiencia necesaria para hacer lo que se necesite. Pero bajo una intervención administrativa temporal, BP continuaría teniendo el equipo y la experiencia. La única diferencia: la empresa estaría trabajando por el interés público sin ambages. Con las cosas como están, BP continúa siendo principalmente responsable ante sus accionistas, no el pueblo estadounidense. En consecuencia, a la gente le sigue preocupando que una corporación privada con ánimo de lucro sea responsable de detener una tragedia pública.
Esas frases subrayan un creciente deseo de que se tomen medidas drásticas, no simplemente sobre BP. Sino sobre toda la industria petrolífera. El editor de Rolling Stone, Jann Wenner, escribiendo en el último número de esa revista (“The Inadequacy of Hope”, 8 al 22 de julio), opina: “Ha llegado el momento de detener completamente toda perforación marítima de alto riesgo y eliminar, de una vez por todas, los beneficios fiscales al sector petrolero”.
Ante la opinión favorable de Reich respecto de la apropiación federal de AIG y GM, es justo decir que a él (y a Wenner) no les debería preocupar una apropiación de todas las grandes industrias de EEUU. Para esa gente, la búsqueda de beneficio es cualquier cosa excepto favorable al interés público. Pero la perspectiva de apropiación sería de todas formas alarmante, y por varias razones.
- BP es una compañía de propiedad extranjera y por tanto es inmune a la apropiación según las leyes internacionales. Los activistas de “Seize BP” dicen que existe un precedente legal para la intervención administrativa porque los activos son una amenaza interna. Pero este principio sólo se aplica cuando hay una posibilidad real de que los activos se saquen del país. “La mayoría de los activos de BO en EEUU no son móviles”, declara el profesor de derecho de Cornell, Jeffrey Rachlinski. “No son exactamente una sociedad instrumental. No va a ser difícil aplicarles la ley y cualquier juicio probablemente sea de gran alcance”.
- Una apropiación del gobierno sería un error de inmensas proporciones en política exterior. Gran Bretaña ha sido un aliado fiel durante más de un siglo. Apropiarse una de sus mayores empresas, en un momento en que su propia economía está tambaleándose, enrarecería de inmediato nuestra relación. También establecería un peligroso precedente para las relaciones de EEUU con otras naciones. Bajo un pretexto similar, podríamos apropiarnos de activos de la japonesa Toyota para compensar a las víctimas estadounidenses del mal funcionamiento del pedal del acelerador del fabricante. Y podríamos apropiarnos de las fábricas chinas de juguetes para compensar a los niños estadounidenses y sus familias lesionadas por sus defectos de diseño, excesivo plomo en la pintura y pequeños imanes en sus mercancías. Por otro lado, los gobiernos extranjeros podrían expropiar activos de empresas de EEUU ante posibles reclamaciones de daños. Fidel Castro estaría orgulloso de tal represalia.
- La nacionalización no garantiza la seguridad. Un buen ejemplo es el régimen de Venezuela, el quinto exportador mundial de petróleo. En 2007 su compañía pública de petróleo y gas natural, Petróleos de Venezuela (PDVSA), se apropió de un 60% de cuatro proyectos de proceso de crudo extraído de la cuenca del río Orinoco en el país sudamericano para convertirlo en gasolina sintética. Las compañías afectadas fueron ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Total SA (Francia) y Statoil ASA (Noruega). “Es la auténtica nacionalización de nuestros recursos naturales”, alardeaba el Presidente Hugo Chávez. “La privatización del petróleo se ha acabado. Éste era el único espacio que nos quedaba por recuperar. El petróleo pertenece ahora a todos los venezolanos”. No todos en el país del hombre fuerte del castrismo lo han celebrado. Este mismo mes de mayo, PDVSA ha tenido un accidente importante. Una de sus plataformas de exploración marítima de gas, Aban Pearl, se hundió en el mar. El accidente no generó titulares principalmente porque se rescató a los 95 trabajadores que estaban a bordo. Y podría haberse evitado completamente si Chávez no hubiera despedido a la mitad de los directores e ingenieros jefe de PDVSA después de una huelga en 2002. No ha sido la única calamidad. En 2005, una explosión mató a cinco trabajadores en el Centro de Refinación de Paraguaná. ¿Qué nos hace pensar que la apropiación pública de BP inmunizará a nuestro país ante estos desastres?
- Si BP no ha sido todavía capaz de taponar su propio pozo, es bastante improbable que los burócratas y contratistas federales lo hagan mejor. BP tiene todo el interés en resolver el problema. Su reputación, si no su existencia, está en juego. Hasta ahora, el vertido le ha costado a la compañía unos costes en limpieza estimados en 2.650 millones de dólares. Si BP tenía el conocimiento para construir el pozo y la tecnología de perforación, entonces, por definición, BP tiene el conocimiento para taponar la ruptura.
- BP, una compañía anónima pública, formada por una fusión en 1998 de British Petroleum y Amoco, ha sido castigada por el mercado en el que opera. La incapacidad de la empresa para impedir o controlar un desastre es, en otras palabras, un buen previsor de su potencial falta de rentabilidad. Por eso los inversiones han ido huyendo. El precio de cotización de BP, por encima de los 60$ en los días anteriores a la explosión del 20 de abril, cerraron este lunes (28 de junio) a 27,05$, una caída de más del 50%. Las tres empresas de calificación (Fotch, Moody’s y Standrd & Poor’s) ha rebajado la deuda de BP a largo plazo. La perspectiva de un colapso financiero y una subsiguiente absorción por otra compañía es suficiente incentivo para BP para tener el problema bajo control.
- “Seize BP” trata de construir el socialismo, no de ofrecer una compensación financiera. Como el fiasco de BP es la cara fea del capitalismo, la intervención debe ser sólo el primer paso. El que la campaña esté controlada por ANSWER es muy significativo. Fundada pocos días después de los ataques terroristas del 11-S, durante la última década ANSWER ha organizado grandes mítines contra la guerra marcados por una intensa oposición a los intereses de EEUU en lugar de a las políticas de EEUU (esto último es un distintivo de los disidentes patriotas). En creencias y liderazgo, el grupo radicado en la ciudad de Nueva York es virtualmente indistinguible del International Action Center (IAC), una fachada para una entidad estalinista conocida como Workers World Party: el antiguo Fiscal General de EEUU Ramsey Clark está muy implicado en los tres grupos. Estas organizaciones y sus aliados coordinan férreamente sus operaciones: muchas comparten la dirección en Manhattan y el número de teléfono. El portavoz de “Seize BP” Carl Messineo encaja perfectamente. Es cofundador de la Partnership for Civil Justice Legal Defense & Education Fund, un proyecto del IAC. También es miembro del equipo de defensa legal del grupo anteguerra Voices in the Wilderness, que fue multado con 20.000$ por el Departamento del Tesoro por pasar de contrabando víveres a Iraq, violando las sanciones de la ONU contra el régimen de Saddam Hussein.
Imponer una intervención administrativa a BP, una compañía con cerca de 250.000 millones de dólares en ingresos en 2009, no asegurará las responsabilidades por el vertido de crudo de la Costa del Golfo.
Nadie debería ignorar la necesidad de promover la seguridad o compensar a las partes perjudicadas por daños personales y en su propiedad, por no nombrar a los 11 trabajadores que murieron en la explosión del 20 de abril.
Una sociedad que valora los derechos individuales no debería dar carta blanca a partes responsables. Pero una apropiación federal hostil de BP enviaría un mensaje a todas las demás empresas del sector petrolífero de que sus activos no están libres de ser saqueados.
Carl F. Horowitz es director general del National Legal and Policy Center, un grupo sin ánimo de lucro. Ubicado en Falls Church, Virginia, y dedicado a promover la ética en la vida pública. Es doctor en urbanismo y desarrollo de políticas.