Por Robert P. Murphy. (Publicado el 1 de noviembre de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4697.
Al hacer recuento de los “costes totales” de una operación del gobierno, los defensores sólo incluirán habitualmente las cosas más obvias, mientras que los les atizarán con todo. El motivo obvio es hacer que la operación parezca relativamente barata (para los defensores) u horriblemente cara (para los opositores).
En esos casos, uno de los trucos es el pago de los intereses del gobierno sobre la deuda que se usó para pagar una operación concreta. Por ejemplo, al evaluar el “coste total” de la invasión de Iraq hasta el momento, ¿deberíamos estimar cuántos de los pagos de intereses del gobierno federal de este año se deben al crecimiento del déficit federal necesario para pagar la invasión en años pasados?
En este artículo, veremos ambos lados del asunto. Al final, me decantaré por el bando de quienes dicen que los pagos de intereses del gobierno son de hecho una carga adicional.
Terminología: “Costes” frente a daños
Antes de empezar, deberíamos ponernos pedantes con la terminología. En estos tipos de análisis, es común hablar acerca del “coste” de, por ejemplo, la invasión de Iraq y sumar cosas como el valor monetario estimado de las vidas de los soldados (si mueren), el valor estimado de los recursos físicos desviados para el esfuerzo de guerra, etc.
Estrictamente hablando, esto es un abuso del lenguaje. Como indican los famosos ensayos de la London School of Economics, en economía un coste sólo puede atribuirse al que toma la decisión. El coste de una acción es el valor subjetivo de la siguiente mejor alternativa que ya no pueda lograrse. Además, los costes no pueden nunca ser “realizados”, porque quien toma la decisión debe comparar el resultado real con el que podría haber pasado.
Por ejemplo, si pregunto a una nueva novia “¿Cuál es el coste de tu decisión de casarte con John?”, sería erróneo que dijera: “Vamos a ver, están 10.000$ que se gastó mi padre en la fiesta, luego lo que gastamos en la limusina…” Por el contrario, la novia debería comparar su evaluación actual de una vida sin John con lo que piense que habría pasado si hubiera elegido a otro pretendiente o hubiera permanecido soltera. Si la novia es un miembro de la familia real y hubiera sido presionada para casarse con (Sir) John por razones políticas y de negocios (a pesar de estar enamorada de un villano llamado David) podría calcular que el verdadero coste de su decisión es bastante alto.
De hecho, la mayoría de las cosas que normalmente describimos como “costes” son realmente daños. Si pierdo el control de mi coche y te golpeo, llevándote al hospital durante tres meses, en términos de estricta teoría económica no “te he impuesto un coste”, porque eso no tendría siquiera sentido. Más bien te he impuesto daños.
Acabada esta pedante disquisición, procedamos con un asunto distinto: si el cálculo de los gastos monetarios en una guerra deberían incluir los pagos de intereses del gobierno.
El alegato para no incluir los pagos de intereses
En su por otro lado elogiosa crítica de un libro contra el imperio de EEUU de Christopher Preble, el economista David R. Henderson escribe:
Preble da buenas formas de entender el enorme coste de la política exterior de Estados Unidos. En 2007, por ejemplo, el presupuesto del Pentágono, más su financiación especial de las guerras en Iraq y Afganistán, totalizaron 622.000 millones de dólares o 2.65$ para cada residente en Estados Unidos. (…) Preble va más allá, advirtiendo que la cifra para EEUU debería incluir la parte del presupuesto del Departamento de Energía para armas nucleares (17.100 millones de dólares), el Departamento de Seguridad Interna, el Departamento de Asuntos de los Veteranos y los gastos del Departamento del Tesoro en costes de retiros de militares.
Preble va demasiado lejos. (…) Estima la parte del interés de la deuda nacional que se deba al gasto militar y añade a eso el coste de la política exterior. Pero eso es contar dos veces. El coste ya se ha tenido en cuenta en el gasto original. El hecho de que se haya pagado en parte con deuda en lugar de solamente con impuestos es irrelevante.
Lo que dice Henderson está bastante claro. Supongamos que el año 2000 el gobierno gastara 100.000 millones de dólares en tanques, aviones y barcos de guerra. ¿Cuál fue el gasto monetario total?
Primero, supongamos que el gobierno tuviera un presupuesto equilibrado en el año 2000, lo que significa que todos los gastos fueron financiados con los impuestos actuales. En ese caso, la mayoría de la gente diría que “el coste” de los gastos militares fue de 100.000 millones (en dólares del año 2000).
¿Pero qué pasa si en su lugar el gobierno genera un déficit de 100.000 millones? ¿Cambia esto nuestra respuesta?
Henderson (y muchos otros economistas) dirían que no. El coste de oportunidad de la decisión de construir esos objetos militares sigue siendo el mismo; se usó la misma cantidad de recursos reales (acero, horas de trabajo, goma, etc.) para construir los nuevo tanques, aviones y barcos de guerra, independientemente de si el gobierno tenía un presupuesto equilibrado un déficit. Así que desde esta perspectiva, argumentaría Henderson, está claro que “el coste” de la decisión del gobierno sigue siendo de 100.00 millones en bienes y servicios apropiados, de los que los consumidores privados podrían haber disfrutado en caso contrario en el año 2000.
¿Pero qué pasa con los pagos de intereses más altos que el gobierno se verá obligado a realizar en los años 2001, 2002, etc.? ¿Cómo puede Henderson justificar ignorar esos “costes” de las compras militares?
Esto es lo que Henderson quiere decir acerca de “contar dos veces”. Supongamos que en el año 2000 el gobierno haya emitido bonos (para cubrir el déficit de 100.000 millones) con un tipo de interés del 5%. Entonces en el año de 2001, los contribuyentes tendrían pendientes 5.000 millones en pagos por intereses. Suponiendo que el gobierno siga refinanciando la deuda, también eso sería cierto en 2002, 2003 y así sucesivamente.
Alguien como Henderson diría que si queremos incluir estos pagos anuales de 5.000 millones como parte del gasto total, ya no estaríamos hablando de uso de recursos. En su lugar, estaríamos hablando acerca de una transferencia financiera de contribuyentes a tenedores de bonos. En otras palabras, cuando el Tío Sam entrega 5.000 millones a los tenedores de bonos, esa acción por sí misma no reduce la cantidad de bienes y servicios que puede producir el sector privado. (Por el contrario, cuando el gobierno gasta 100.000 millones con subcontratas privadas para fabricar tanques, eso sí reduce la cantidad de bienes y servicios que puede producir el sector privado).
Henderson sólo quiere que seamos coherentes en nuestra contabilidad. Si queremos contar las transferencias anuales de 5.000 millones (de contribuyentes a tenedores de bonos) como un “coste” militar, no podemos contar también el gasto original de 100.000 millones en el año 2000. Esto es porque los contribuyentes no tuvieron que entregar 100.000 millones de dólares en ese momento: los tenedores privados de bonos entregaron el dinero.
Ahora podemos entender la postura de Henderson, que (repetimos) muchos economistas apoyarían. La forma habitual de medir el tamaño del gasto de un gobierno es mirar a la etiqueta real del precio. Sea el gasto financiado mediante impuestos o por fondos prestados, el impacto es el mismo (de acuerdo con esta forma de pensar). Si nos centramos en los costes de oportunidad en términos de recursos reales, el método de financiación es evidentemente irrelevante. Y si insistimos en incluir pagos de intereses como “costes” reales, esto significa que no centramos, no en la sociedad en general, sino en los contribuyentes y entonces por coherencia no podemos incluir el gasto original como un “coste” del programa, pues los contribuyentes no pagaron la factura en el momento de la compra.
El elemento temporal
En esta aproximación estándar, sigue siendo importante no perder de vista el elemento del tiempo. Por ejemplo, si el gobierno sigue refinanciando la deuda de nuestra hipotética compra de 100.000 millones hecha en el año 2000, alguna gente podría pensar que el “coste total” es por tanto más grande. En otras palabras, si el gobierno hace pagos anuales de 5.000 millones sobre la nueva deuda, desde el año 2001 hasta 2101, entonces sin duda significará un gasto total más alto comparado con la situación en el que el gobierno liquida la deuda, digamos en el año 2005, ¿no?
No, no el marco financiero estándar. Cuando se observan los flujos de caja a lo largo del tiempo, tenemos que reducirlos a un denominador común. Un dólar gastado en el año 2005 vale más que un dólar gastado en el año 2085. Una vez que usamos los valores actuales para convertir los distintos flujos de caja en la cantidad en dólares equivalentes expresada en dólares de hoy, tenemos la respuesta de Henderson: el gasto total de un programa público es el mismo, ya sea financiado vía impuestos o vía crédito.
Una última advertencia sobre este asunto del tiempo: Algunos lectores podrían pensar que es una locura que el economista estándar argumente que una debacle a largo plazo no debería aumentar de alguna manera el “coste total” de un programa. En nuestro ejemplo, ¿cómo sería posible que fuese correcto decir que los contribuyentes en el año 2040, que deben pagar 5.000 millones de dólares en intereses a causa del gasto militar realizado 40 años antes, no estén en realidad “pagando” esa imprudente decisión?
Dejémoslo claro: Están pagándolo. En concreto, están pagando 5.000 millones de dólares en “dólares de 2040” y tendrán que pagar 5.000 millones de dólares en “dólares de 2041”, etc. Aún así, si el programa original se hubiera pagado mediante impuestos, los contribuyentes habrían pagado una abultada suma de 100.000 millones de “dólares de 2000”. Es algo esencial. Como los “dólares de 2000” valen más que los dólares posteriores, los dos flujos de caja tienen el mismo valor de mercado. Es en este sentido en el que Henderson argumentaría que las decisiones financieras son irrelevantes; de cualquier forma, el programa para la compra de tanques, aviones y barcos de guerra llevaría una etiqueta con el precio de 100.000 millones en dólares del año 2000.
Problemas con el análisis estándar
El mayor defecto del análisis estándar es que los pagos de intereses del gobierno a los tenedores de bonos sí “dañan a la economía”, porque están financiados por impuestos coactivos. (El gobierno puede asimismo pagar intereses sobre su deuda a través de más crédito, lo que sólo pospone el problema, o mediante inflación, que es una forma de imposición indirecta). Una vez que tenemos en cuenta este aspecto, deja de ser verdad que los gastos de intereses sean una forma de “contar dos veces”.
Volvamos a nuestro ejemplo. En el año 2000, el gobierno pide prestados 100.000 millones de dólares para adquirir acero, goma, horas de trabajo y otros recursos reales de los ciudadanos. Al canalizar estos recursos en la construcción de tanques, aviones y barcos de guerra, la acción del gobierno ha reducido necesariamente la producción potencial de automóviles, aviones civiles y otros bienes y servicios en el sector privado.
Pero el trastorno no acaba ahí. En el año 2001, el gobierno debe obtener 5.000 millones de dólares en impuestos con el fin de pagar su gasto anual en intereses de la deuda existente de 100.000 millones. Si el gobierno fuera una empresa privada, dedicada a la actividad pacífica de comprar entradas y vender salidas a los compradores dispuestos, entonces los pagos de los bonos serían lo comido por lo servido, en lo que se refiere a la empresa. Con el fin de obtener los 5.000 millones necesarios para los pagos de intereses, la empresa privada tendría que producir bienes y servicios “valorados en 5.000 millones de dólares” a clientes que gasten voluntariamente el dinero. Las actividades de la empresa no disminuirían la producción potencial de bienes y servicios en la comunidad.
Sin embargo, cuando el gobierno necesita obtener 5.000 millones de dólares, simplemente los toma de los contribuyentes y esto sí disminuye la producción potencial total del sector privado. Por ejemplo, si el gobierno recauda un impuesto con un porcentaje sobre la renta, entonces la gente no trabajará tanto como lo habría hecho en otro caso.
Otra forma de expresar este hecho es decir que con el fin de obtener 5.000 millones de dólares adicionales en liquidaciones de impuesto de la renta, el gobierno reduce el ingreso después de impuestos de los contribuyentes en más de 5.000 millones de dólares. Así que es un juego de suma negativa cuando el gobierno toma 5.000 millones de dólares de los contribuyentes y los entrega a la gente que posee bonos del Tesoro. (Adviertan que ni siquiera estamos considerando el coste de oportunidad de los trabajadores públicos que tienen que supervisar la financiación de la deuda).
A causa de los lo que los economistas ortodoxos llaman la “pérdida de peso muerto” de los impuestos, nuestros flujos hipotéticos anuales de pagos de 5.000 millones en intereses realmente hacen más pobre a la sociedad en su conjunto, en términos de bienes y servicios apropiados que incluso podrían haberse producido en el sector privado.
La dificultad de las etiquetas de precios numéricas
Antes de terminar, deberíamos apuntar que sigue sin ser necesariamente correcto contar todos los 100.000 millones en el año 2000 y luego contar todos los 5.000 millones en pagos cada año posterior, como el “coste total” de nuestro hipotético programa del gobierno. Como nos estamos centrando en el coste real de oportunidad del programa del gobierno, los 100.000 millones de dólares del primer año es realmente demasiado alto.
Pensemos en esto: Sabemos que el plan no cuesta más de 100.000 millones de dólares, porque si lo hiciera, los empresarios se quedarían con los recursos en cuestión para producir bienes y servicios en los que los consumidores estuvieran dispuestos a gastar más de 100.000 millones de dólares. (En otras palabras, ¿por qué vender tanques, aviones y barcos de guerra al gobierno por 100.000 millones de dólares cuando podemos usar la misma cantidad de acero, goma, horas de trabajo, etc., para vender coches, aviones comerciales y otras cosas a consumidores por, digamos, 110.000 millones de dólares?)
Por otro lado, el verdadero coste de oportunidad del plan podría ser menor de 100.000 millones de dólares, si nuestra vara de medir es el valor de mercado de los bienes tomados del sector privado. Esto sucede porque es conocido que los proveedores militares aumentan los precios de sus productos para el gobierno. En otras palabras, un proveedor militar sería capaz de permitirse un margen muy superior en su compra de entradas cuando vende al gobierno, comparado con una operación en el sector privado comprando entradas y vendiendo bienes a consumidores en el mercado.
A causa de esto, el acero, goma y horas de trabajo empleadas para producir “por valor de 100.000 millones de dólares” en objetos para el Pentágono, probablemente no podrían usarse en el sector privado para producir “por valor de 100.000 millones de dólares” en objetos para los consumidores. Lo que ocurre realmente es que parte de ese gasto militar de 100.000 millones de dólares es un pago en transferencia a los proveedores conectados políticamente.
¿Entonces cuánto diríamos que cuesta “realmente” el gasto de 100.000 millones de dólares? Es imposible decirlo. Es verdad que un trozo de éste es una subvención oculta a los proveedores militares, y a este respecto no disminuye la capacidad de la sociedad de producir bienes y servicios (privados). Por otro lado, con el fin de obtener la dádiva, los proveedores militares gastarán cantidades obscenas cabildeando en el Congreso, invitando a cenar a los funcionarios apropiados y cosas así. Al final, los recursos se utilizan mucho menos eficientemente de lo que hubiera sido en otro caso.
Lo único que podemos decir con seguridad es que 100.000 millones de dólares es el límite superior del “coste social de oportunidad” en bienes y servicios tomados, porque es el gasto inicial. La cifra real seguramente sea inferior, pero nuestra estimación variaría dependiendo de cuántos factores diferentes queramos incluir en el análisis.
¿Y qué pasa con los pagos anuales de intereses de 5.000 millones de dólares? ¿Cómo calculamos su efecto en la capacidad del sector privado para producir bienes y servicios cada año?
De nuevo es imposible saberlo. Ya hemos visto que el problema no es por sí mismo la emisión de un cheque, sino más bien más bien el desincentivo que produce por los impuestos del gobierno. Algunos impuestos son más destructivos que otros en este sentido. Por ejemplo, un impuesto sobre la renta altamente progresivo desanimará el trabajo mucha más que un simple “impuesto de sufragio” que grave a cada contribuyente independientemente de su renta.
En la práctica, si tuviera que mojarme, yo diría que obtener 5.000 millones de dólares de los contribuyentes (para pagar los intereses de los tenedores de bonos) reduciría la producción total del sector privado en más de 0$, pero en menos de 5.000 millones. Así que en nuestro problema no añadiremos el total de los 5.000 millones de dólares al “coste total” de las compras militares originales, pero tampoco los descartaríamos completamente.
Conclusión
Como hemos visto, se hace increíblemente complicado cuando tratamos de estimar el “coste social” total de una política pública. En definitiva, esta dificultad deriva del hecho de que los costes realmente sólo tienen sentido en términos de preferencias subjetivas de un individuo. A ese respecto, los costes no pueden agregarse.
Además, incluso si cambiamos nuestro marco de tal forma que ese “coste total” signifique la reducción de bienes y servicios potenciales que se hubieran producido en otro caso, seguimos con problemas espinosos de conocer qué factores incluir en el análisis y cuáles dejar de lado. En la práctica es imposible medir realmente todos los factores diferentes que contribuyen en este asunto.
En definitiva, yo diría que ambos, Preble y Henderson simplifican demasiado: realmente no es apropiado simplemente sumar el gasto original del gobierno más los subsiguientes gastos de intereses (como hizo Preble), pero tampoco es muy correcto decir que las decisiones de financiación son irrelevantes (como hizo Henderson). Si echamos por la ventana la precaución e insistimos en calcular una sola cifra, la mejor respuesta probablemente se encontrará en el rango que darían Henderson y Preble.
Robert Murphy es investigador adjunto del Instituto Mises, donde enseñará “Anatomía de la Fed” en la Mises Academy este invierno. Gestiona el blog Free Advice y es autor de The Politically Incorrect Guide to Capitalism, Study Guide to Man, Economy, and State with Power and Market, Human Action Study Guide y The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal