Por Thomas J. DiLorenzo. (Publicado el 19 de enero de 2001)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/592.
California es un bello estado con una clima (en general) suave y soleado, lo que es una razón de por qué vive allí tanta gente. Pero a menudos se pregunta: ¿quién querría trasladarse allí si uno tendría que soportar restricciones crónicas de agua, terremotos y ahora cortes de electricidad? Se echa la culpa habitualmente de estaos acontecimientos o a la Madre Naturaleza o al libre mercado, pero en realidad los causa o los empeora la regulación del gobierno.
Los políticos de California se han apresurado a echar la culpa de la “escasez” de electricidad a las “desregulaciones”, cuando en realidad lo cierto es todo lo contrario: Aunque los precios de venta al por mayor de la electricidad han sido desregulados, no lo han sido los precios al detalle y la regulación no hecho sino prohibir la construcción de capacidad de suministro adicional de energía.
La población se ha doblado en los últimos diez años, lo que ha causado un incremento de alrededor de un tercio en demanda eléctrica, mientras que la oferta se ha mantenido estancada gracias a los ecologistas extremistas en el gobierno estatal. Estos neo-luditas han bloqueado las construcciones de centrales nucleares; han vetado la construcción de nuevas presas para obtener energía hidroeléctrica (no sea que se moleste a algunas asquerosas criaturas acuáticas) y casi les dan apoplejías en su oposición a las centrales eléctricas de carbón o gas.
Una demanda disparada, una oferta restringida y controles de precios son una receta perfecta para la escasez. Una completa desregulación del sector de la energía eléctrica es la única forma de resolver este problema, aunque el gobernador de California está ahora proponiendo el peor de todos lo mundos: una apropiación gubernamental al estilo soviético del sector de la energía eléctrica del estado.
Las “crisis” periódicas del agua en California es otro desastre no natural causado por la regulación del gobierno. El gran problema es que la mayoría del agua en el estado ha estado regulada durante décadas por la Oficina Federal de Reclamaciones, que subvenciona fuertemente la irrigación que lleva agua de la parte norte del estado al sequísimo sur. (El 75% del agua proviene del norte, mientras que el 75% de la población está en la mitad sur del estado).
En torno al 85% del agua se usa para agricultura y se vende a precios impuestos por el gobierno por debajo del precio de mercado. Algunos granjeros pagan sólo 3,50$ por acre-pie por agua que cuesta 100$ por acre-pie sólo enviarla a través del sistema de irrigación gestionado por el gobierno. A estos precios resulta “económico” hacer crecer algodón y arroz en el desierto, a pesar de que el Delta del Mississippi y los arrozales de Vietnam son hábitats más naturales para este producto. California cultiva cantidades prodigiosas de ambos.
El uso de agua subvencionado por el gobierno para un solo fin (irrigar pastos para criar ovejas) supera al agua usada para todos los demás fines en California, residenciales e industriales. En un año reciente, se gastaron 530 millones de dólares de los contribuyentes en bombear esta agua a los rancheros de ovejas cuando los beneficios brutos del sector ovejero fueron ese año de menos de un quinto de esa cantidad, 100 millones de dólares.
Entretanto, las ciudades del estado sufren tal severa “escasez de agua” de vez en cuando que se han contratado a inspectores públicos de retretes para aplicar las regulaciones tres tiradas de cadena al día. (No me estoy inventando esto).
La absurda planificación central de la Oficina Federal de Reclamaciones es la principal causa de las crisis periódicas de suministro de agua en California. Igual que con la electricidad, sólo un mercado libre del agua puede acabar con esta locura.
Incluso los terremotos de California no serían tan devastadores si no fuera por la regulación del gobierno. El seguro federal contra desastres permite a los residentes comprar seguros de vivienda a precios subvencionados, a veces a un 10% del precio del libre mercado. El seguro federal contra desastres se vende donde ninguna aseguradora privada siquiera lo consideraría, como asegurar casa construidas encima de fallas sísmicas o al borde de acantilados de barro encime del océano. El gobierno esta subvencionando la construcción de viviendas que con seguridad serán destruidas por terremotos y galernas.
La regulación pública de la construcción tiene asimismo la tendencia a animar a los constructores a cumplir con los requisitos básicos establecidos por el gobierno, pero nada más. Por el contrario, si se usaran mercados de seguros privados para garantizar la seguridad de las construcciones, los estándares serían mucho mayores y los daños sísmicos menos graves. Y por supuesto, se eliminaría una notable fuente de soborno y corrupción del gobierno.
Los socialistas millonarios de Hollywood que llenas las arcas de las campañas políticas del estado con millones de dólares están en buena medida aislados de todos estos desastres. Viven el mansiones lejos de las fallas sísmicas; las luces nunca se apagan en sus barrios y tienen suficiente influencia política como para comprar toda el agua que necesitan. Haría falta una revuelta popular de libre mercado, siguiendo la estela del movimiento de eliminación de impuestos de la “Proposición 13” a finales de la década de 1970 para eliminar el régimen regulatorio del estado generador de este caos.
Thomas DiLorenzo es profesor de economía en la Universidad de Loyola en Maryland y miembro de la facultar superior del Instituto Mises. Es autor de El verdadero Lincoln, Lincoln Unmasked, How Capitalism Saved America y Hamilton's Curse: How Jefferson’s Archenemy Betrayed the American Revolution — And What It Means for Americans Today.