Las propias reglas tontas del presidente

Por Nick Ottens. (Publicado el 1 de marzo de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5035.

 

Mientras que la cinta roja aumenta ante su mirada, el Presidente Barack Obama prometía recientemente en un artículo en el Wall Street Journal realizar una amplia revisión de la regulación económica de Estados Unidos y eliminar las reglas “que no merezcan la pena por su coste o sean simplemente tontas”.

Aún así, él mismo ha añadido bastantes regulaciones tontas. Las órdenes en la reforma sanitaria del presidente están entre las más descaradamente antieconómicas de las muchas regulaciones aprobadas durante los últimos dos años. La obligación de asegurarse a un individuo es una afrenta a la libertad individual sin precedentes en la historia estadounidense. El gobierno federal nunca antes había obligado a la gente a comprar ningún producto por su propio bien, bajo amenaza de multa. La multa impuesta por Hacienda por no contratar un seguro va de 95$ o un 1% de la renta imponible en 2014 a 695$ o un 2,5% de la renta imponible en 2016.

Por otro lado se ofrecen subvenciones para gente que no puede pagarse el seguro. Habrá asimismo una obligación para el empresario, obligando a las compañías que empleen a 50 o más personas a ofrecer beneficios sanitarios o afronten una multa de 2.000$ por trabajador. Ya las grandes empresas están considerando acabar con su cobertura sanitaria porque pagar la multa podría ser más barato. Las pequeñas empresas se lo pensarán dos veces antes de expandirse a causa de la enorme carga financiera impuesta si emplean a más de 49 personas.

Ambas disposiciones se sustentan en la idea de que el gobierno no solo tiene un derecho a intervenir en la salud de la gente, sino asimismo una responsabilidad de asegurar que todos sus ciudadanos tienen el seguro sanitario apropiado.

No es cierto. En una sociedad libre, la atención sanitaria no puede ser un derecho porque requiere que otros la proporcionen, gratis, si es necesario. Otorgar a la gente un “derecho” a la sanidad niega invariablemente los derechos de los proveedores de sanidad. Las nuevas normas de atención sanitaria recortan aún más las libertades de las aseguradoras sanitarias privadas y son un gran impedimento para la competencia, prohibiendo a las compañías de seguros operar libremente a través de las fronteras estatales. La ley obliga a las aseguradoras a

  • Cubrir a todos, independientemente de si pudieran tener condiciones previas;
  • Cubrir a los hijos hasta los 26 años bajo la póliza de seguros de sus padres;
  • Asignar un porcentaje fijo de ingresos a la atención de pacientes.

A partir de 2014, la ley también obligará a las aseguradoras a ofrecer una póliza básica que cubra

  • Servicios ambulatorios al paciente y emergencia y hospitalización;
  • Maternidad y atención al recién nacido;
  • Servicios de salud mental y drogodependencias;
  • Servicios pediátricos, incluyendo vista y expresión oral;
  • Prescripción de medicinas;
  • Servicios preventivos y de bienestar y atención a enfermedades crónicas;
  • Servicios e instalaciones de rehabilitación y habilitación.

¿Quiere usted asegurarse solo contra una catástrofe médica? Imposible. ¿Es usted un hombre o simplemente no tiene previsto tener hijos? No importa. ¿Está usted bastante seguro de que nunca tendrá que recuperarse de una adicción? ¡Muy mal!

Estos requisitos para los seguros violan los derechos tanto de las empresas de seguros como de sus clientes, que deberían ser libres de asegurarse como quieran. Existen planes de seguros básicos similares ordenados por gobiernos en otros países. Aunque empiezan cubriendo lo “básico”, los legisladores normalmente no pueden resistirse a ampliar su ámbito año a año, elevando los costes del seguro sanitario a los clientes durante el proceso.

Hay muchas más reglas tontas en la ley de reforma financiera Dodd-Frank. Entre ellas está la creación de una Oficina de Protección Financiera al Consumidor diseñada para proteger a los consumidores ante prácticas de negocio “injustas, engañosas y abusivas”. Aunque la ley no define las prácticas “injustas, engañosas y abusivas”, se dará poder a esta oficina para crear y aplicar regulaciones sobre todos los productos financieros, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas. Aunque integrada dentro de la Reserva Federal, la agencia actuará independientemente. Con poderes potencialmente de largo alcance y una problemática falta de supervisión, esta oficina de protección al consumidor aumentará la incertidumbre reguladora en los mercados financieros y socavará aún más las libertades de los bancos y sus clientes.

La Enmienda Durbin a la ley de reforma financiera permitirá a la Reserva Federal regular las tasas que los bancos pueden cargar para procesar las compras con tarjetas de crédito. La enmienda prescribe que dichas tasas deben ser “razonables” y “proporcionales”, sin definir qué significa esto. Anticipándose, las principales instituciones financieras ya están aumentando los costes en otros lugares para compensar el probable gasto de los precios “razonables”. Antes de la Dodd-Frank, la Ley de responsabilidad y divulgación de tarjetas de crédito de 2009 imponía restricciones federales en los términos y condiciones de los servicios de tarjeta de crédito, requiriendo, entre otras cosas, que

  • Los proveedores de tarjetas de crédito permitan un mínimo de 21 días para pagar las facturas;
  • Los proveedores de tarjetas de crédito rebajen lo tipos de interés de los clientes que hayan pagados sus facturas a tiempo durante seis meses seguidos;
  • Las tarjetas y certificados regalo sean válidos al menos durante cinco años.

Al restringir la capacidad de las empresas financieras de cubrir riesgos de crédito, las regulaciones ya han generado tipos de interés y tasas más altos. Esto daña especialmente a los propietarios de pequeñas empresas y familias de bajos ingresos que acuden muy a menudo al crédito: la misma gente que se supone que se ve protegida por la ley.

Hay muchas más regulaciones aprobadas bajo la supervisión del Presidente Obama, incluyendo los nuevos límites a las emisiones de dióxido de carbono de la Agencia de Protección Medioambiental; las normas de combustibles renovables, que prescriben que se mezcle una cantidad concreta de “combustibles renovables” para combustibles de transporte y las regulaciones de “neutralidad en la red” adoptadas por la Comisión Federal de Comunicaciones, que infringen los derechos de las empresas privadas y realmente dañan a los consumidores más de lo que los protegen.

Si el presidente habla en serio acerca de erradicar las reglas “tontas”, no tiene que buscar mucho para encontrar algunas.

 

 

Nick Ottens es el editor del Atlantic Sentinel y el autor del blog Free Market Fundamentalist. Su investigación actual es el campo de los movimientos y el terrorismo de reavivación islámica en la India Británica.

Published Wed, Mar 2 2011 6:58 PM by euribe