Por Doug French. (Publicado el 4 de abril de 2011)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5175.
El periódico local incluía recientemente una breve noticia citando al director financiero del estado de Alabama diciendo que 3.000 reclusos no violentos tendrían que seer liberados si el parlamento del estado aprueba el presupuesto propuesto por el nuevo gobernador.
“[David] Perry realizó la triste declaración el miércoles mientras los miembros de dos comités judiciales estaban discutiendo un paquete de propuestas” pensadas para cambiar los procedimientos de sentencia del estado. “Perry dijo a los miembros del comité que liberar reclusos a causa de la reforma de las sentencias sería ‘más razonable’ que dejarles ir a causa de recortes presupuestarios”, informaba el Opelika-Auburn News.
La noticia de liberar a unos pocos miles de reclusos no violentos, lejos de ser una “triste declaración” debería considerarse como una buena noticia. Como dijo el Profesor Daniel J. D'Amico a Jeffrey Tucker, Estados Unidos tiene el índice de reclusos más alto de todas las naciones del mundo. Ningún país siquiera se le acerca, salvo China, con el cuádruple de población. Una de cada cien personas en Estados Unidos está tras las rejas.
La población en las cárceles de Estados Unidos equivale a las de las ciudades de Los Ángeles y Miami juntas. Poner a tanta gente tras la rejas para ser olvidada por la sociedad es caro, dice D’Amico, costando 6.000 millones de dólares al año. Así que cuando el presupuesto del estado se reduce, el gobierno dice de repente: “Después de todo, chicos, no sois tan malos. No podemos permitirnos manteneros. Largo de aquí”.
El hecho es que en primer lugar, la mayoría de la gente no debería estar allí. El profesor de Loyola explica que el enorme crecimiento de la población en prisión empezó en la década de 1970. Antes, el índice de encarcelamiento permaneció estable en alrededor de 110 personas de cada 100.000. No es coincidencia que el Presidente Rochard Nixon utilizara por primera vez el término “guerra contra las drogas” el 17 de junio de 1971. Luego vino el movimiento de “estrictos contra el delito” a finales de la década de 1970.
En 1980, estaban encarcelados menos de medio millón de estadounidenses. En 2008 el número se estaba acercando a los 2,5 millones. Otros 4 millones estaban en libertad condicional. No son los delincuentes violentos los que llenan las cárceles y prisiones de la nación. Cerca de la mitad de los reclusos en las penitenciarías estatales están considerados como violentos, menos del 8% en las prisiones federales son violentos y menos del 22% de las cárceles de la nación están discadas a delitos violentos.
Las sentencias de prisión se han convertido en “mucho más duras que en cualquier otro país con el que se compararía habitualmente a Estados Unidos”, escribía Michael Torny, una reconocida autoridad en políticas criminales, en The Handbook of Crime and Punishment.
El antiguo juez Paul Cassell, profesor de derecho en la Universidad de Utah, esta muy conforme con que muchos estadounidenses estén encerrados. “Uno de cada 100 adultos esta tras las rejas porque uno de cada 100 adultos ha cometido un delito serio”, dijo el profesor Cassell al New York Times.
¿De verdad? Un senador del estado de Texas decía en 2008 al NYT:
“Tenemos en prisión 5.500 delincuentes por delitos de carretera”, (…) incluyendo gente conduciendo bajo la influencia del alcohol que no han ocasionado ningún accidente. “Son gente corriente. Con lo serio que es beber y conducir, deberíamos separarlos y darles tratamiento”.
D’Amico apunta que la gente se ve atrapada en el sistema de justicia penal por multas que no pueden pagar y repentinamente una mala decisión o dos significan vivir entrando y saliendo de prisión. En el resto del mundo, cometer un delito no violento es mucho menos probable que te envíe a prisión y si lo hace, es en estancia corta.
Por ejemplo, el único país desarrollado que encarcela a gente por pequeños delitos contra la propiedad como cheques sin fondos es Estados Unidos. Y ahora mismo comprar demasiadas medicinas contra la alergia te puede costar 20 años, como en el caso de Tanna Nacole Jarrell, de 31 años, que verá cómo se le roba lo mejor de su vida porque “fue arrestada por la policía de Opelika tras haber comprado cuatro cajas de medicación conteniendo pseudoefedrina en tres lugares en 12 días en diciembre de 2009”.
En su resumen de tesis doctoral: “The Imprisoner's Dilemma: The Political Economy of Proportionate Punishment”, el Profesor D’Amico escribe que la “tendencia más reciente en la teoría penal pide que se siga el principio de proporcionalidad: un castigo debería ajustarse bien al delito y delitos similares deberían tratarse de forma similar”. Pero, se pregunta D’Amico, “¿qué marco constitucional produce mejor proporcionalidad?”
Con gente durante décadas tras las rejas por comprar demasiado Sudafed demasiado rápido, está claro que el aparato del estado tiene una definición deformada de lo proporcional.
La guerra contra las drogas que inició Nixon tiene más de medio millón de personas tras las rejas. Treinta años antes, solo había 40.000 personas en prisión por crímenes relacionados con drogas. Al contrario que en otros países, la mayoría de los jueces y fiscales de los tribunales de estado en Estados Unidos eran electivos y por tanto estaban dispuestos a agradar a sus electores, muchos de los cuales apoyaban encerrar a los drogadictos y tirar la llave.
Adam Litpak escribía en 2008 para el NYT:
Sigue siendo la duración de las penas los realmente distingue la política de prisiones de Estados Unidos. De hecho el mero número de sentencias impuestas no colocaría a Estados Unidos en lo más alto de la lista de encarcelaciones. Si se recogieran datos basados en entradas anuales en prisión por cabeza, bastantes países europeos superarían a Estados Unidos. Pero las estancias en prisión estadounidenses son mucho más largas, así que el total de encarcelados es mayor.
Estados Unidos no solía ser así. “En ningún país la justicia penal se administra con más benevolencia que en Estados Unidos”, escribió Alexis de Tocqueville, que visitó las penitenciarías estadounidenses en 1831, en La democracia en América.
Pero D’Amico argumenta que cuando administrar las penas se considera un bien público a ser producido únicamente por el estado, el gobierno puede decidir quién entra en prisión y quién no, quién es una ciudadano legítimo y quién no.
Así que mientras que los minarquistas arguyen que un papel legítimo del estado es administrar justicia y la pena asociada, D’Amico cree que otorgar este poder al estado es el primer paso para la pérdida de toda libertad.
Como argumenta D’Amico en su trabajo premiado “The Prison in Economics: Private and Public Incarceration in Ancient Greece”, la justicia penal no es un bien público. La antigua Grecia tenía un sistema de justicia funcionando antes de que el estado se apropiara de él. Una vez que la justicia penal fue monopolizada por el estado, la creatividad y el emprendimiento en esta área se detuvieron.
“Gastar más o menos, construir más o menos, encarcelar a más o menos delincuentes: los descubrimientos e innovaciones para dispositivos nuevos y quizá superiores tecnológicamente para la aplicación de la ley no se investigan ni experimentan”, explica D’Amico.
Mientras los estados pelean por equilibrar los presupuestos y mantener empleados a los burócratas, los portavoces del gobierno sacudirán a la prensa con noticias de que los reclusos deben liberarse para que el estado siga funcionando.
Es una noticia maravillosa, pero se mantiene el problema real: la justicia penal no es un trabajo para el estado.
Douglas French es presidente del Mises Institute y autor de Early Speculative Bubbles & Increases in the Money Supply y Walk Away: The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth. Es doctor en economía de la Universidad de Nevada-Las Vegas, dirigido por Murray Rothbard, con el Profesor Hans-Hermann Hoppe en su tribunal de tesis. French enseña en la Mises Academy.