Por Douglas Carey. (Publicado el 12 de diciembre de 2001)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/844.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre junto con el continuo ataque a Afganistán han suavizado la postura de muchos respecto de nuestras apreciadas libertades y han envalentonado a casi todos los políticos en Washington para adoptar nuevas leyes que recortan seriamente nuestra libertad y derecho a la privacidad.
Por supuesto, todas estas nuevas leyes y órdenes ejecutivas se aprueban en nombre de “la guerra contra el terrorismo”. Algunas de estas nuevas leyes incluyen la capacidad de retener a una persona sospechosa de cualquier tipo de actividad terrorista sin cargos y sin necesidad de ninguna evidencia.
Ahora pueden usarse tribunales militares secretos en los que un sospechosos de ser enemigo del estado pueda ser juzgado por cinco juristas y condenado a muerte por mayoría simple. En un golpe definitivo a los derechos de todos, la administración Bush propuso que los funcionarios de justicia deberían ser capaces de escuchar una conversación de un sospechoso cuando habla con su abogado.
Al defender estas nuevas medidas, muchos en Washington están utilizando una defensa habitual para estas acciones. Temerosos de que el pueblo estadounidense no defienda una pérdida de sus duramente ganadas libertades, muchos expertos y políticos han empezados a buscar precedentes históricos.
El Wall Street Journal publicaba un editorial con el inquietante título: “la seguridad esta antes que la libertad”. En este editorial, Jay Winik repasaba las acciones históricas de Abraham Lincoln, John Adams, Woodrow Wilson y, por supuesto, Franklin Roosevelt. Su argumento básico es que estos presidentes recortaron severamente las libertades y suspendieron los derechos civiles en nombre de la seguridad nacional y que la mayoría de estas acciones no tuvieron ningún efecto a largo plazo en la sociedad.
En realidad, Abraham Lincoln, el presidente que empezó la tendencia de más poder federal y menos derechos de los estados, estableció un precedente de acciones dictatoriales que hoy sigue viéndose como una excusa para un mayor poder federal. Durante su reinado como presidente durante la Guerra de Secesión, Lincoln realizó la acción sin precedentes de suspender, mediante una orden inconstitucional, el derecho de habeas corpus o protección contra el encarcelamiento ilegal.
También se estima que durante este tiempo, Lincoln tuvo detenidas 13.535 personas simplemente por expresar oposición a la propia guerra. Ninguna de estas personas tuvo pruebas contra ellos y nunca fueron juzgadas. En el que es posiblemente su más conocido acto de despotismo, Lincoln hizo que el Representante Clement Vallandigham de Ohio fuera arrestado por “sentimientos y discursos desleales”.
Cuando la opinión pública acabó levantándose contra esta acción, Lincoln liberó a Vallandigham de la prisión y le expulsó del país. Incluso al morir, el espíritu represivo de Lincoln sobrevivió, ya que cualquiera que estuviera incluso remotamente relacionado con el intento de escapada de John Wilkes Booth tras asesinar al presidente fue colgado en público o sentenciado a prisión de por vida.
El presidente Woodrow Wilson y el Congreso de su época utilizaron la Primera Guerra Mundial como excusa para recortar la libertad y arrestar a los disidentes. En 1918, se aprobaron las Leyes de Sabotaje y Sedición, que permitían al gobierno federal castigar a cualquier que tuviera una expresión u opinión que fuera “desleal, blasfema, difamatoria o insultante”. Usando esta ley, los federales en un momento llegaron a prohibir a Correos enviar publicaciones contra la guerra.
Por supuesto, nadie en la historia de Estados Unidos ha conseguido expandir los poderes del estado más que Fraklin Roosevelt. Incluso quienes creían de corazón en los poderes expandidos del estado durante la Segunda Guerra Mundial se sorprendieron cuando Roosevelt firmo la orden Ejecutiva 9066, que daba al gobierno poder para obligar a cualquier descendiente de japoneses a abandonar su hogar e ir a campos primitivos de internamiento. Más de 110.000 civiles japoneses fueron detenidos así. Ninguno de ellos fue acusado de ningún delito. Después de que se acabara la guerra, la mayoría de aquellos llegó a casa y encontró su propiedad saqueada y destruida.
En tiempos inciertos como hoy, es demasiado fácil mirar hacia otro lado cuando el gobierno federal expande su poder y recorta nuestras libretades. El propio fiscal general dijo a una comisión del Senado: “para quienes atemorizan a la gente amante de la paz con fantasmas de libertad perdida, mi mensaje es éste: Sus tácticas solo ayudan a los terroristas, pues erosionan nuestra unidad nacional y disminuyen nuestra resolución”.
Muchos otros dicen que cualquier libertad perdida se restaurará un avez que pase la guerra o una vez que se erradique el terrorismo. Aunque la historia no demuestre que las leyes y órdenes más atroces normalmente acaban rescindiéndose, cada paso descarado del gobierno ha llevado a pasos aún más descarados en el futuro.
“Desde el principio”, escribía Mises en 1919, “prevaleció la intención en todos los grupos socialistas de no eliminar ninguna de las medidas adoptadas durante la guerra después de ésta, sino más bien avanzar en el camino hacia la consecución del socialismo”. [Nation, State, and Economy]
En opinion de Mises, solo la Resistencia de la opinión pública ha impedido que las medidas de tiempo de guerra se hayan convertido en permanentes. Independientemente de cuál sea la opinión de alguien respecto de la reciente expansión del poder federal, declarar simplemente que se ha hecho en el pasado no es un argumento legítimo para hacer hoy lo mismo.
Douglas Carey fue editor de The Burden.