La economía política del riesgo moral

Por Jörg Guido Hülsmann. (Publicado el 19 de abril de 2008)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/2935.

[Este artículo apareció originalmente como “La economía política del riesgo moral” en la revista checa Politická ekonomie (Febrero de 2006): 35-47]

 

Una preocupación central de los economistas es analizar la naturaleza, causas y efectos de los incentivos (las circunstancias que se sostiene que motivan la acción humana). Los economistas están de acuerdo en el papel positivo que desempeñan los “buenos” incentivos para aumentar la producción. También están e acuerdo en que los incentivos “perversos” tienen un impacto opuesto. Uno de estos incentivos perversos se llama el riesgo moral, el sujeto del presente ensayo.

El riesgo moral es el incentivo de una persona A para usar más recursos de los que hubiera utilizado en otro caso, porque sabe o cree saber, que otro B proveerá algunos o todos esos recursos. Lo importante es que ocurre contra la voluntad de B y que B es incapaz de frenar de inmediato esta expropiación. El simple incentivo de confiar el recursos provistos por otros no es de por sí problemático. Por ejemplo, el anuncio de una futura herencia podría impulsar al futuro heredero a gastar más de lo que habría gastado en otro caso. En esos casos no hablaríamos de riesgo moral. Un genuino problema de riesgo moral aparece sin embargo si A tiene la posibilidad de utilizar recursos de B frente a la voluntad de B y si lo sabe. La gente corriente llamaría a los incentivos de A una “tentación al robo” o una “tentación a actuar irresponsabilidad”. Los economistas, nunca cansados de moralizar han adoptado la expresión tecnocrática “riesgo moral”.

Así que la característica moral del riesgo moral que incita a alguna gente A a expropiar a otra gente B. La gente B a su vez, si se da cuenta de la presencia de dicho riesgo moral, tiene un incentivo para reaccionar contra esta posible expropiación. Toman otras decisiones que considerarían ser las mejores si no hubiera riesgo moral.

Muchos economistas han concluido por tanto que el riesgo moral conlleva fallos del mercado: produce una asignación de recursos distinta de la que existiría en ausencia de riesgo moral. La teoría económica convencional explica el riesgo moral como una consecuencia del hecho de que los participantes en el mercado están desigualmente bien informados acerca de la realidad económica. En otras palabras, el riesgo moral deriva de “asimetrías de información” y la teoría del riesgo moral se considera por tanto una parte de la economía de la información.

En el presente escrito criticaremos esta visión convencional y propondremos una alternativa. Argumentaremos que las asimetrías de información solo son una de entre muchas causas de riesgo moral. Lo más importante es que conllevan desequilibrios y la expropiación de terceros sólo accidental y efímeramente, porque estos terceros pueden evitarlas con un mejor juicio (anticipándose). Por el contrario, el riesgo moral también deriva del intervencionismo público y en este caso crea desequilibrios y expropiación de un tipo que no puede evitarse, ni siquiera en ausencia de asimetrías informativas.

Presentaremos la teoría “informativa” convencional de las causas y consecuencias del riesgo moral. Luego estudiaremos el riesgo moral en el mercado libre y bajo el intervencionismo público. Finalmente expondremos cómo nuestros resultados se ajustan al importante caso del intervencionismo público en los mercados monetarios y financieros.

La teoría convencional del riesgo moral

El hecho de que la gente actúa basándose en conocimientos distintos acerca del mundo real difícilmente puede contestarse. El panadero conoce cosas distintas que el astronauta, el cantante de ópera cosas distintas que el profesor de matemáticas. Tampoco puede dudarse de que la gente está desigualmente bien informada acerca del mundo real. Algunos panaderos saben más que otros sobre pan, fabricación de pan y mercado del pan y así sucesivamente. En resumen, las asimetrías en la información son un aspecto universal de la vida humana tal y como la conocemos. Son a la vez una causa y un resultado de la división del trabajo. No hay razón para suponer que sean a priori dañinas o una señal de imperfección. La teoría convencional por tanto destaca una condición adicional para explicar la aparición del riesgo moral, que es la separación de la propiedad y el control. Pueden distinguirse dos casos: copropiedad y contratos de agencia.

En el caso de la copropiedad, cualquier propietario tiene control sobre una parte concreta de la propiedad, pero no un control exclusivo. Las asimetrías informativas pueden así producir un riesgo moral en conjunción con esta separación de propiedad y control. Siempre que un copropietario de una piscina no puede monitorizar efectivamente las actividades de sus copropietarios, estos últimos tendrán un incentivo para nadar sin limpiar, reparar las vallas, etc., aumentando así su propia renta (monetaria y física) a su costa.

Igualmente, en el caso de un contrato de agencia, el riesgo moral puede aparecer cuando un bien económico no esté controlado efectivamente por su propietario (el “principal”) sino por una persona distinta llamada el “agente”, por ejemplo, un empleado. De nuevo las asimetrías informativas producen un riesgo moral en conjunción con esta separación de propiedad y control. El agente, que está completamente informado acerca de sus propias actividades, tiene un incentivo para actuar en su propio interés material contra el interés material de su peor informado principal. Por tanto, siempre que el principal no pueda monitorizar efectivamente las actividades de su agente, este último tiene un incentivo para aumentar su propia renta (monetaria y física) a costa del primero.

El caso habitual de riesgo moral en una agencia es un contrato de seguro. Aquí la compañía de seguros es el principal menos informado y el asegurado es el agente. Por ejemplo, el seguro de automóvil crea un riesgo moral para los conductores: crea un incentivo adicional para la conducción temeraria porque otra gente (otros clientes del seguro) pagarán una parte de los costes de los accidentes del agente. Igualmente, en presencia de una prestación por desempleo, una persona en paro tiene un incentivo adicional para seguir así porque otra gente pagará al menos parte de sus gastos vitales. O, en presencia de un seguro sanitario, la gente asegurada tendrá un incentivo adicional para dedicarse a actividades o estilos de vida de riesgo porque otros pagarán al menos una parte del tratamiento en caso de enfermedad o accidente.

Sin embargo, el riesgo moral no es en modo alguno un problema particular del sector del seguro. Puede aparecer en casi cualquier otro campo de la actividad humana en que haya una separación de propiedad y control. Los empleados pueden estar sujetos a riesgo moral en la medida en que pueden reducir sus esfuerzos sin temer que se reduzca su pago. Los deudores pueden estar sujetos a riesgo moral si creen que pueden derrochar dinero sin consecuencias negativas cuando resultan incapaces de devolverlo. Ciertas empresas auditoras han estado sujetas a riesgo moral cuando vendieron servicios de consultoría a las mismas empresas a las que se supone que auditan (por ejemplo, en el caso Enron). Un banco central puede producir un riesgo moral en la comunidad bancaria si los bancos comerciales perciben al banco central como un prestador de último recurso. El FMI puede producir riesgo moral entre gobiernos deudores. Se dice que los contribuyentes están sujetos a riesgo moral si pueden eludir regiones de altos impuestos y así sucesivamente. Igualmente, en la literatura de la elección pública y la economía política constitucional, se retrata habitualmente a gobiernos y parlamentos como agentes propensos al riesgo moral, mientras que los votantes son los principales menos informados.

Un hecho bastante significativo es que, a la luz de la teoría convencional, las asimetrías informativas producen riesgo moral solo en conjunción con la separación de propiedad y control. Argumentaremos que esto último es realmente el elemento decisivo, mientras que las asimetrías informativas no son sino un asunto menor. Más en concreto, argumentaremos que el riesgo moral conlleva sistemáticamente la expropiación solo cuando la propiedad y el control de un recurso están separados de una forma especial, que es sin el consentimiento del propietario.

Para demostrar nuestra postura, analizaremos primero la separación voluntaria de propiedad y control, como ocurre en un mercado libre, y luego nos dedicaremos al caso más importante de separación involuntaria, es decir, al caso del intervencionismo.

El riesgo moral en el mercado libre

Cuando hablamos de un mercado libre, nos referimos a que cada propietario tenga el derecho sin trabas de utilizar su propiedad como le parezca mejor. Esto incluye el derecho de dejar a otra gente utilizar su propiedad bajo las condiciones que apruebe, así como el derecho a ser copropietario con otras personas. En resumen, incluye separaciones puramente voluntarias de propiedad y control.

La cuestión a la que tenemos que responder ahora es si esa separación voluntaria de propiedad y control es probable que por sí misma lleve a cualquier tipo de expropiación debida a asimetrías informativas. En otras palabras, tenemos que examinar la conjunción de estas dos condiciones es suficiente para que un hombre se enriquezca a costa de otro o si, por el contrario, incluso en la presencia de las dos soluciones combinadas, dicha expropiación del hombre por el hombre es una eventual consecuencia. Argumentaremos que el riesgo moral no necesariamente conlleva expropiación siempre que las asimetrías informativas se combinan con una separación de propiedad y control, que siempre que aparezcan riesgos morales accidentalmente de ellas, hay grandes fuerzas actuando para eliminar la expropiación y que la expropiación inducida por el riesgo moral no es por tanto solo accidental, sino asimismo efímera en el libre mercado.

El hecho decisivo en que podemos basar nuestro argumento es que la interacción entre asimetrías informativas por un lado y la separación de propiedad y control por el otro encuentra en el libre mercado un antídoto eficaz en las expectativas. Consideremos el problema de las relaciones principal-agente. Supongamos que el propietario de una tienda de alimentación contrata a un dependiente por un salario de 1.000$ al mes. Supongamos además que el propietario tiene varias otras tiendas y que por tanto no puede supervisar eficazmente a su nuevo dependiente todo el tiempo. De acuerdo con la teoría convencional, es probable que el dependiente se comporte de forma distinta a la que tendría en caso de presencia permanente de su jefe. Puede echar siestas más largas en la pausa de la comida, ser más descuidado con los clientes, etc.

Podemos admitir todo esto. Pero la pregunta crucial es: ¿se enriquece necesariamente el empleado descuidado a costa de su jefe? ¿Soporta necesariamente el principal los costes que le supone en agente infiel? Solo si éste fuera el caso podríamos hablar de expropiación. Pero no es el caso. El dependiente no se enriquece necesariamente a costa del propietario porque este último puede prever el comportamiento del primero. En la medida en que sí lo anticipe, el pago de 1.000$ reflejaría adecuadamente el producto del valor marginal descontado de un trabajo descuidado. Y por supuesto esto es lo que hacen los empresarios prudentes, en el mercado libre, siempre que contratan gente nueva. Descuentan el producto del valor marginal del trabajo bueno o normal en un factor que representa el riesgo de mal trabajo debido a falta de supervisión.

Difícilmente puede sobrevalorarse el papel de las expectativas en la teoría del riesgo moral. En la medida en que las expectativas del principal sean correctas, el riesgo moral por parte del agente no puede llevar a una situación en la que este último expropie al primero.

Además, los principales actuando en un mercado libre no han de confiar meramente en su previsión de las futuras acciones de los agentes. También son libres de diseñar relaciones contractuales en formas que minimicen (a) el peligro de riesgo moral que aparece en primer lugar y (b) el peligro de que el riesgo moral, una vez aparecido, les afecte negativamente. El sector del seguro ofrece ejemplos bien conocidos. Por ejemplo, en el seguro sanitario, las exclusiones, deducciones y copagos son herramientas dirigidas a reducir el riesgo moral. De forma similar, los riesgos morales en el tráfico rodado se han reducido eficazmente con la ayuda de controles de radar y cajas negras en vehículos.

Más importante es que, en un mercado libre, los principales tienen la libertad de romper relaciones contractuales con los agentes en cualquier momento. La amenaza de ser despedido es probablemente el incentivo más poderoso para realizar un trabajo diligente en lugar de sucumbir al riesgo moral. Los efectos reputacionales y las listas negras operan en la misma dirección. Consideraciones similares son aplicables a todas las formas de copropiedad. Aquí los distintos copropietarios, al ser conscientes de que la utilización del recurso común debe restringirse para preservar su valor, tienen un incentivo para establecer y aceptar reglas para su uso. Si el número de copropietarios es alto, los capitalistas-empresarios individuales podrían aparecer y proveer la propiedad y las reglas, como por ejemplo en un desarrollo urbano.

Las disposiciones institucionales diseñadas para neutralizar el riesgo moral se consideran habitualmente como las “segundas mejores” soluciones, para distinguirla de las “primeras mejores” soluciones que existirían en un mundo habitado por seres humanos que disfrutaran de una información perfecta. Basándose en esta distinción, algunos escritores infieren que los mercados competitivos son ineficientes en presencia del riesgo moral. En otras palabras, el riesgo moral sería una causa sistemática de fallos del mercado incluso en un mercado libre.

Sin embargo, la distinción entre primeras y segundas mejores soluciones es producto de la imaginación. Se basa en la premisa de que los seres humanos podrían elegir habitar en un mundo en que dispusieran de una capacidad de previsión perfecta y en el que no se necesitaría ninguna institución diseñada para ocuparse del riesgo moral. Solo en comparación con ese mundo alternativo podría ser llamado ineficiente el mundo que conocemos (el mundo con asimetrías informativas y riesgo moral). Pero la alternativa no existe. Los únicos patrones con sentido para evaluar la eficiencia, digamos, de deducciones y copagos son otras provisiones contractuales o dispositivos similares que podrían utilizarse para alcanzar el mismo fin.

El riesgo moral y la definición de derechos de propiedad

Antes de ocuparnos del análisis del riesgo moral bajo el intervencionismo público, podría ser útil considerar primero el caso híbrido o intermedio en el que los derechos de propiedad no están claramente definidos. El caso no solo es interesante desde un punto de vista sistemático, sino asimismo porque, en la práctica, para un gran número de bienes económicos no hay derechos de propiedad claramente definidos. Lo que más fácil podría encajar aquí serían el aire y los océanos y sus habitantes: aves y peces se consideran una riqueza común de la humanidad. Los seres humanos se apropian de estos recursos con solo ligeros intentos de crear algo similar a derechos de propiedad. Así que tenemos un sistema de copropiedad sin reglas. No sorprende que el resultado sea un riesgo moral universal: todos tienen un incentivo para usar el recurso en cuestión tanto como les sea posible. Es una receta segura para un rápido agotamiento, como se ha sabido al menos desde los tiempos de Aristóteles. En años más recientes, el fenómeno se ha llamado “la tragedia de los comunes”.

Ahora, en este caso muy importante en la práctica, las asimetrías informativas no desempeñan ningún papel. El riesgo moral funcionaría incluso si cada copropietario fuera perfectamente consciente de las actividades de sus copropietarios. Podríamos incluso decir que el riesgo moral funcionaría aquí especialmente en el caso de que cada copropietario fuera perfectamente consciente de las actividades de sus copropietarios.

Intervencionismo y riesgo moral

Sin embargo, por muy importante que pueda ser en la práctica el riesgo moral que derive de una definición deficiente de los derechos de propiedad, no se asemeja en nada al riesgo moral que resulta de una separación forzada de propiedad y control. Nos ocupamos ahora de este tipo de riesgo moral.

Por una separación “forzada” de propiedad y control queremos referirnos a una separación producida contra la voluntad de su propietario. Aunque los propietarios podrían verse obligados tanto por gobiernos como por partes privadas, el intervencionismo público es mucho más importante en la práctica. Es así no solo a causa del mayor impacto cuantitativo, sino asimismo porque, al menos en nuestras sociedades occidentales, el intervencionismo está normalmente consagrado en la ley y por tanto puede preverse.

Destaquemos primero que el intervencionismo público no debe confundirse con una economía mixta. En esta última, el gobierno es uno de los varios propietarios y controla solo su propiedad. Por el contrario, un gobierno intervencionista hace de alguna persona o grupo A (por ejemplo, él mismo) el copropietario no invitado de la propiedad de otro agente B. La esencia del intervencionismo es precisamente ésta: copropiedad no invitada institucionalizada.

El gobierno se hace a sí mismo el propietario no invitado y no deseado siempre grava, regula y prohíbe. Las formas concretas de gravar, regular y prohibir son muchísimas. El hecho importante es que cualquier forma de intervencionismo público, por su misma naturaleza, conlleva una separación forzosa de propiedad y control efectivo.

Los impuestos significan que el gobierno se proclama a sí mismo propietario de (cierta parte de) recursos que pertenecen a sus ciudadanos y que les fuerza a eventualmente entregar esos recursos, que este último no habría entregado voluntariamente ( de otra forma no hablaríamos de impuestos, sino de donaciones al gobierno). Hoy en día los impuestos no afectan a cosas físicas concretas, sino a su equivalente monetario. De ello se deduce que, hasta que se paga el impuesto, el gobierno se impone a sí mismo como copropietario de virtualmente todos los activos físicos de los contribuyentes. Sin embargo, hasta que se paga el impuesto, los recursos en cuestión normalmente los controla el ciudadano.

La regulación significa que el gobierno proscribe cierto uso de ciertos recursos. Este uso normalmente es el que los ciudadanos habrían elegido (de otra forma, la regulación no tendría sentido). De nuevo el gobierno se proclama así a sí mismo como copropietario de estos recursos. Consideremos el caso de los controles de precios. Si el gobierno fija un salario mínimo, se proclama en la práctica como copropietario de los trabajadores, porque no les permite trabajar bajo condiciones que ven adecuadas. Y también se proclama sí mismo copropietario de los capitalistas, o más exactamente, del dinero que estos últimos planean gastar en mano de obra- Sin embargo el gobierno no controla permanentemente las acciones de los trabajadores y no interfiere con otros usos del dinero de los capitalistas.

La prohibición significa que el gobierno prohíbe completamente ciertos usos de ciertos recursos. De nuevo se proclama así a sí mismo el copropietario de todos los recursos que pudiera haber puesto en el uso prohibido. Por ejemplo, si prohíbe la producción y venta de bebidas alcohólicas, se impone en la práctica de todos los recursos que podrían utilizarse para la producción y venta de dichas bebidas. Sin embargo no interfiere cuando esos recursos se usan en otros empleos.

El intervencionismo no abole la propiedad privada. Los ciudadanos siguen teniendo la propiedad y el control de su propiedad, aunque tengan que compartir ambos con el gobierno y sus agentes. Es verdad que esta copropiedad forzada normalmente es un asunto de grado. El aumento del intervencionismo aumenta la parte de control público de los recursos, aunque sin prohibir el control simultáneo de la gente de esos mismos recursos. Pero la propia naturaleza de la propia copropiedad no es un asunto de grado. Es una característica categórica y esencial de cualquier intervención, por muy pequeña que sea.

El intervencionismo público siempre y en todas partes conlleva una separación forzosa de propiedad y control. Siempre y en todas partes crea “asociaciones” no deseadas entre los ciudadanos y su gobierno. De ello se deduce que, por su propia naturaleza, crea un riesgo moral tanto para los ciudadanos como para el gobierno. Lo más importante es que crea una situación en la que cada una de las partes afectadas (los ciudadanos por un lado y el gobierno por otro) desea expropiar los recursos sujetos a intervencionismo a costa de las otras partes.

Consideremos primero la reacción de los ciudadanos a impuestos, regulaciones y prohibiciones. Del mismo hecho de que la intervención conlleva una copropiedad forzada, se deduce que los ciudadanos tienen un incentivo para evadir la intervención Pueden hasta cierto punto evadirla porque tienen algún control de su propiedad. Por ejemplo, para evitar los impuestos, pueden elegir invertir capital en un país con impuestos bajos en lugar de en un país con impuestos altos. Pueden elegir emigrar a países de bajos impuestos en lugar de permanecer en lugares con altos impuestos, pueden elegir una profesión menos gravada que otras o pueden elegir hacer declaraciones fraudulentas de su renta o capital. Para evadir regulaciones, pueden elegir no comprar y vender productos sujetos a controles de precios o pueden elegir comprarlos y venderlos en el mercado negro. Para evadir prohibiciones,  pueden elegir comprar y vender cosas prohibidas en el mercado negro. Sin embargo, operar en el mercado negro es arriesgado y por tanto, muy costoso y la evasión a otros países también es costosa. De esto se sigue que hay un incentivo para que los ciudadanos utilicen una parte mayor de su propiedad para consumo personal en lugar de para invertirla. De ahí que la tendencia general del intervencionismo sobre los ciudadanos sea generar un consumo excesivo y hacer más costosa la producción por la necesidad de evadir la intervención.

Pero el riesgo moral también juega en el lado del propio gobierno. El gobierno se basa en el uso de recursos que provienen de los impuestos y la regulación. Por tanto, tenderá a poner más impuestos y regular más para neutralizar las formas en que los ciudadanos evadieron su intervención previa. Buscará “tapar agujeros”. Aquí tenemos un mecanismo básico de la dinámica del intervencionismo público. Los gobiernos intervencionistas tienen un incentivo para extender los impuestos a todas las ramas de la vida económica, para regular las industrias que han escapado hasta ahora a la regulación y a someter a los países que sirvan como refugios fiscales. El resultado final es reforzar las tendencias que hemos indicado antes: consumo excesivo y producción insuficiente, en resumen, un empobrecimiento general de la sociedad.

Difícilmente puede exagerarse que no es la copropiedad por sí misma la que causa estos excesos. Los causa la copropiedad sin invitación y no deseada que deriva del intervencionismo.

Advirtamos que nuestro análisis previo no depende en modo alguno de la existencia de información asimétrica. Podemos poner por caso que todos los ciudadanos fueran perfectamente conscientes de todas las actividades del gobierno y que el gobierno esté perfectamente bien informado acerca de las actividades de todos los ciudadanos. Nada de esto alteraría el escenario. El intervencionismo público conlleva un riesgo moral tanto por parte del gobierno como por parte de los ciudadanos. Y el riesgo moral no puede neutralizarse escogiendo dispositivos contractuales apropiados, porque no tiene ninguna base contractual en absoluto: viene impuesto. No puede esquivarse eligiendo evitar completamente la situación propensa al riesgo moral, porque la propia situación viene impuesta. El mismo significado del intervencionismo es, como hemos dicho, denegar las alternativas de los propietarios.

E igualmente las obras del riesgo moral no pueden eliminarse o disminuirse por expectativas correctas, como en el caso de riesgo moral en el mercado libre. El caso es exactamente el contrario. Es precisamente cuando los ciudadanos prevén correctamente lo alto que será el próximo impuesto y cuándo les tocará, cuando un riesgo moral empezará a mostrárseles y a incitarles a evadir el impuesto.

El caso del dinero fiduciario

Ocupémonos ahora de la explicación de un caso importante en el que el intervencionismo del gobierno produce riesgo moral a grane Scala: el intervencionismo monetario.

La intervención fundamental, sobre la que se construyen todas las demás intervenciones en este campo, la imposición de una moneda de curso legal. Ésta es un medio de pago que los participantes en el mercado se ven obligados a aceptar, incluso si hicieron contratos que estipulaban pagos el términos de otros medios de intercambio. Esta intervención crea un riesgo moral para los participantes en el mercado de acumular o exportar los medios de intercambio que a sus ojos sean mejores que la moneda de curso legal, pero que están legalmente obligados a utilizar a la par con dicha moneda. El resultado paradójico es que solo la moneda de curso legal (el medio de intercambio que todos buscan evitar) permanece en circulación. Los economistas llaman a este fenómeno la “Ley de Gresham”.

Todos los sistemas monetarios contemporáneos se basan en dichos privilegios de curso legal. El papel moneda, así como el dinero electrónico (“liquidez del banco central”), no compite con otros productos monetarios en el libre mercado, sino que se impone por privilegio especial. Por tanto se le llama papel moneda fiduciario. Esta institución es muy interesante desde el punto de vista de la teoría del riesgo moral. En realidad conlleva un riesgo moral de la mayor escala imaginable, de nuevo tanto del lado de su productor como del de sus usuarios.

El papel moneda fiduciario crea un riesgo moral para el productor porque tiene la posibilidad de crear de la nada prácticamente cualquier cantidad de dinero y, por tanto, de comprar prácticamente cualquier cantidad de bienes y servicios a la venta. El único límite a esta capacidad es la hiperinflación que se produce inevitablemente en el caso de una gran inflación de la oferta monetaria.

Pero el papel moneda fiduciario también crea un riesgo moral en el lado de los usuarios del dinero (ciudadanos, bancos y gobiernos) porque antes o después se darán cuenta de que los dueños de las imprentas tienen el poder de rescatar prácticamente cualquier empresa o gobierno en bancarrota. Así que se dedican a planificaciones financieras más o menos imprudentes, esperando que las autoridades monetarias no permitan que una gran masa de planificadores imprudentes vaya a la quiebra. Esta especulación se ha mantenido durante los últimos treinta años. Las deudas pública y privada están en máximos en todo el mundo.

Los teóricos monetarios eran conscientes de este peligro desde muy pronto, aunque no utilizaban la expresión “riesgo moral” en este contexto. Aquí deberíamos mencionar en primer lugar a todos los defensores de la moneda fuerte, es decir, de la moneda competitiva, como Ludwig von Mises, F.A. Hayek, Murray Rothbard y muchos otros economistas de la Escuela Austriaca. Pero tampoco este problema ha escapado a la atención de los defensores del dinero fiduciario. El economista del siglo XIX Walter Bagehot, que acuñó la expresión “prestamista de último recurso”, advertía de que el banco central, al prestar libremente en tiempos de presión financiera, tendría que evitar a toda costa la impresión de que rescataría a los participantes en el mercado. Unos sesenta años más tarde, Herbert Simon destacaba la necesidad de reglas en lugar de discrecionalidad en la política económica, esencialmente por las mismas razones. Y su discípulo Milton Friedman reiteraba este punto aun mejor en su propuesta de un tipo constante de crecimiento de la oferta monetaria.

La idea de que las reglas puedan impedir el riesgo moral a gran escala en un sistema de papel moneda fiduciario desafía a la lógica humana. Después de todo, el único uso posible de una imprenta es producir más dinero del que habría producido el mercado libre. ¿Qué sentido tiene afirmar que este poder podría manejarse responsablemente? Parafraseando una frase feliz de Anthony de Jasay, podríamos decir que alabar las virtudes de la estabilización monetaria mientras se mantienen leyes de curso legal para el papel moneda es como poner un cinturón de castidad para Miss Universo y luego darle la llave. Añadamos sin embargo que, para hacer una analogía con nuestra perfecta situación monetaria, tendríamos que anunciar en el New York Times un día sí y otro también que Miss Universo tiene efectivamente la llave de su cinturón de castidad.

Las burbujas financieras son el resultado inevitable de ese estado de cosas. Si cada participante importante en el mercado financiero está más o menos sujeto a riesgo moral, entonces a su debido tiempo incluso los pequeños comerciantes se darán cuenta de que los peces gordos juegan la carta del riesgo moral y por tanto también se aventuran a seguir el mismo camino. Esto significa que los participantes en el mercado antes o después basarán sus planes en la disponibilidad de una cantidad mucho mayor de bienes y servicios de los que están realmente disponibles en la economía. En resumen, el papel moneda, en virtud de su propia existencia produce un error masivo a gran escala, hasta que estalla la burbuja en una crisis.

Repito que, como en otros casos de riesgo moral inducido por el intervencionismo, estos efectos no pueden neutralizarse, evitarse o disminuirse mediante anticipación. Y esto significa que no pueden gestionarse a través de la gestión de expectativas. Los economistas de la corriente principal han trabajado en los últimos treinta años para ofrecer expectativas en la exposición de la política monetaria. El problema es que nuestro sistema monetario no sobrevivirá tanto tiempo, si podemos extrapolar la velocidad de los acontecimientos de los últimos treinta años.

 

 

Jörg Guido Hülsmann es miembro senior del Mises Institute y autor de Mises: The Last Knight of Liberalism y The Ethics of Money Production. Enseña en la Universidad de Angers, en Francia.

Este artículo apareció originalmente como “La economía política del riesgo moral” en la revista checa Politická ekonomie (Febrero de 2006): 35-47.

Published Wed, Jun 22 2011 6:24 PM by euribe