Por H.A. Scott Trask. (Publicado el 20 de julio de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4477.
[Este artículo se ha extraído del capítulo 3 de Reassessing the Presidency,editado por John V. Denson]
Cuando Jefferson se presentó a presidente en 1800, dejó claro que apoyaba una interpretación estricta, una jurisprudencia decidida de respeto a lo original, federalismo y derechos de los estados:
Por tanto, deseo, con sincero celo, una preservación inviolable de nuestra actual Constitución federal, de acuerdo con el verdadero sentido en que fue adoptada por los Estados. (…) Quiero preservar para los Estados los poderes entregados por ellos a la Unión y para el legislativo de la Unión su parte constitucional en la división de poderes; no quiero transferir todos los poderes de los Estados al Gobierno General ni todos los de ese gobierno al poder ejecutivo.
Confesaba a su amigo y aliado político de Connecticut, Gideon Granger, que estaba sinceramente
comprometido con l preservación de la Constitución federal de acuerdo con sus principios evidentes y aquéllos con los que se sabe que se aprobó; comprometido igualmente con la preservación para los Estados de aquellos derechos que incuestionablemente permanezcan en ellos.
Advertía a su amigo que “nuestro país es demasiado grande como para que todos sus asuntos sean dirigidos por un solo gobierno” y si alguna vez los poderes de los gobiernos estatales se concentraran en el gobierno general “se convertiría en el gobierno más corrupto de la tierra”.
En su primer mensaje anual al Congreso Jefferson atribuía
este gobierno está al cargo de las relaciones externas y mutuas solo de estos estados [y] los propios estados tienen la atención principal sobre nuestras personas, nuestras propiedades y nuestra reputación, constituyendo el gran campo de preocupaciones humanas.
Prometía que su objetivo coherente como presidente sería “preservar los gobiernos general y estatales en su forma y equilibrio constitucionales”.
Cuando los federalistas empezaron a desarrollar su teoría de la revisión judicial federal en vísperas de su aplastante derrota política de 1800, Jefferson la denunció rápidamente como antirrepublicana y contraria al propósito de los redactores y las convenciones ratificadoras de los estados. Jefferson argumentaba que un poder así violaría la separación de poderes y haría al menos republicano de los tres poderes del gobierno el más poderoso, dando así un golpe al “principio vital de las repúblicas”, que era “la aceptación absoluta de las decisiones de la mayoría” en todas las materias a ella encomendada por la Constitución.
El Juez principal John Marshall afirmó en su sentencia Marbury que los tribunales federales tenían el derecho final a decidir en cuestiones de constitucionalidad discutida y la autoridad para dejar de lado leyes federales que consideraran contrarias a la Constitución.
Jefferson argumentaba que una doctrina alternativa, la revisión concurrente, estaba más cercana a las intenciones de los redactores y las convenciones de ratificación. De acuerdo con Jefferson, cada poder del gobierno federal, más los gobiernos estatales, tenía el derecho a interpretar la Constitución por sí mismo, y ninguno tenía el derecho a obligar a los otros con su sentencia. Jefferson explicaba esta doctrina en una carta privada mientras era presidente:
Los jueces, al creer que la ley [el Acta de Sedición] es constitucional, tenían derecho a aprobar una sentencia de multa y prisión, porque la constitución ponía ese poder en sus manos. Pero el ejecutivo [Jefferson], al creer que la ley era inconstitucional, se limitó a negar la ejecución de ésta, porque se le había confiado ese poder por la constitución. Ese instrumento significaba sus poderes coordinados deberían controlarse entre sí. Pero la opinión [de Marshall] que da a los jueces el derecho a decidir qué leyes son constitucionales y cuáles no, no solo para sí mismos en su propia esfera de actuación, sino también para legislativo y ejecutivo en las suyas, haría del judicial un poder despótico.
Dumas Malone, biógrafo de Jefferson, concede que los “juristas actuales” pueden considerar como “vaga y remota” la doctrina de la interpretación constitucional de Jefferson. Sin embargo, apunta que en los tiempos de Jefferson
y durante algunas décadas después se aproximaba a las realidades de la situación del gobierno. (…) el legislativo y el ejecutivo continuaron determinando por sí mismos si estaban actuando dentro de los límites de la Constitución.
Debe tenerse en cuenta que Marshall y sus aliados no formularon su novedosa doctrina de la revisión judicial para restringir el poder del gobierno o proteger los derechos del pueblo, sino para proteger las medidas e instituciones públicas ya aprobadas por los federalistas y que se creían amenazadas por los republicanos como las Actas Judiciales de 1789 y 1801, el banco nacional, la armada y el sistema fiscal interno. En otras palabras, para los federalistas, la revisión judicial era una medida pro-gobierno ideada para impedir que las mayorías democráticas disminuyeran el tamaño o redujeran los poderes del gobierno. Después de todo, los federalistas eran el partido del gobierno activo y la construcción liberal de la Constitución.
Dos historiadores constitucionales modernos han defendido que la revisión concurrente “favorece el gobierno limitado” al hacer más difícil al gobierno federal entrar en una nueva área de legislación o regulación. Aunque esto sea cierto, la preocupación principal de Jefferson era impedir que se subvirtiera o frustrara la voluntad de la mayoría por los tribunales federales. Bajo la revisión concurrente, los tribunales podrían declarar inconstitucional una ley, pero no podrían obligar a los otros dos poderes: podrían dar una opinión, pero no podrían forzar a aplicarla. El presidente sería libre de bloquear la ejecución de una ley cuya constitucionalidad esté en disputa o continuar ejecutando una ley aunque haya sido declarada inconstitucional por los tribunales.
La revisión concurrente también se aplica a los distintos estados. Jefferson no creía que los estados estuvieran obligados a someterse en todos los casos al Tribunal Supremo, al decreto presidencial o incluso a la ley federal. Como escribió en su borrador de las Resoluciones de Kentucky de 1798:
el gobierno creado por este acuerdo no resulta ser el juez exclusivo o final del grado de los poderes en él delegados, pues eso haría que su discreción, y no la Constitución, la medida de sus poderes, pero eso, como en todos los demás casos de acuerdo entre poderes que no tengan ningún juez común, cada parte tiene un derecho igual a juzgar por sí misma, así como las infracciones como modo y medida de reparación.
Jefferson entendía que el verdadero significado de la cláusula de supremacía era hacer a la propia Constitución la ley suprema del territorio: la ley federal iba a ser considerada suprema y obligatoria solo cuando sea coherente con la Constitución. La cláusula reza:
Esta Constitución, y las Leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella (…) serán la Ley Suprema del país.
Aunque era un nacionalista, Henry Adams comprendía perfectamente de qué se trataba cuando Jefferson y su partido asumieron el poder en 1801: la “revolución” republicana sería verdaderamente revolucionaria. En otras palabras, ¿harían el tipo de reformas fundamentales que perduraran más allá de su tiempo en el poder? Adams escribía:
La esencia del republicanismo de Virginia reside en una sola frase: EL GOBIERNO NO SERÁ EL JUEZ FINAL DE SUS PROPIOS PODERES. Las libertades de Estados Unidos, según creía el partido republicano, se basan en estas pocas palabras, pues si el gobierno, ya sea en sus departamentos legislativo, ejecutivo o judicial, o en cualquier combinación de ellos, pudiera definir en último término sus propios poderes, entonces su voluntad sería ley, y no la letra de la Constitución. A este axioma del republicanismo se opuso en judicial federalista en lo que equivalía a una negativa de plano. El Juez Principal Marshall y sus colegas querían interpretar la Constitución como les convenía y no admitieron apelación a su decisión. (…) La cuestión de cómo ocuparse del judicial era, por tanto, el único asunto revolucionario ante el pueblo a abordar o abandonar y si se abandonaba entonces, debía serlo para siempre. Ningún partido podría reclamar el derecho a ignorar sus principios a voluntad o imaginar que teorías rechazadas una vez podrían recuperarse con igual posibilidad de éxito. Si la revolución de 1800 tenía que resistir, debía controlar el Tribunal Supremo. El objetivo podría alcanzarse por enmienda constitucional, por recusación o aumentando el número de jueces.
Días antes de que Jefferson jurara como tercer presidente, la persistente mayoría federalista aprobó, y el Presidente Adams sancionó como ley, el Acta Judicial de 1801. Esta reducía el número de jueces del Tribunal Supremo de seis a cinco (para privar a Jefferson de un nombramiento inminente cuando se retirara el siguiente juez), abolía los tribunales del circuito federal existentes, creaba seis nuevos tribunales de circuito y dividía a estos últimos en 23 distritos presididos por 16 nuevos jueces del circuito federal. Éstos serían conocidos como “los jueces de la medianoche”, ya que el Presidente Adams nombró a federalistas para todos los nuevos cargos.
El acta aumentaba asimismo el número de jefes federales de policía, fiscales de distrito y secretarios judiciales. Lo más inquietante para los republicanos era que confería la jurisdicción de todas las “cuestiones federales” a los tribunales de circuito. Una cuestión federal se refería a aquellas áreas legales sobre las que la Constitución había conferido la jurisdicción al Tribunal Supremo y a esos tribunales inferiores que podría establecer el Congreso. La Constitución definía las cuestiones federales como “todos los casos, de derecho y equidad, que se produzcan bajo esta Constitución, las leyes de Estados Unidos y los tratados realizado o que puedan realizarse”. El Acta judicial de 1789, que había establecido el sistema de tribunales federales, había dejado sabiamente la cuestión de la jurisdicción federal a los tribunales estatales, pero había permitido la apelación de las sentencias de los tribunales supremos estatales a sustanciarse ante un tribunal del circuito federal. Está claro que el Acta judicial de 1801 era un esfuerzo en el último minuto por parte de los federalistas de erigir algún tipo de barrera judicial contra las temidas medidas revolucionarias de la administración entrante.
La creación de puestos de confianza para abogados federalistas era un beneficio casual. Jefferson describía al nuevo establishment judicial como “una planta parásita injertada en la última sesión en el cuerpo judicial”. Los federalistas, escribía,
se han retirado al Judicial como baluarte. Allí se conservarán y alimentarán del Tesoro los restos del federalismo y desde esa batería todas las obras del republicanismo van a ser derribadas y borradas.
Consideraba el acta como nula moralmente, ya que fue aprobada por un partido que ya había sido repudiado por la mayoría y estaba a punto de entregar el poder. Por estas razones, él y su partido estaban decididos a abolirla a la primera oportunidad. Después de cuidarse de asuntos más urgentes relacionados con impuestos, gastos y deudas federales, los jeffersonianos, en diciembre de 1801, dedicaron su atención a la abolición. Después de un largo y agrio debate, los republicanos aprobaron el Acta de abolición el 8 de marzo de 1802. Ésta restauraba el viejo sistema judicial y abolía los nuevos juzgados y fiscales federales de distrito. Henry Adams estimó que la abolición ahorraba 3.000$ al año. Un mes después, los republicanos aprobaron el Acta judicial de 1802, que restauraba a seis el número de jueces del Tribunal Supremo, creaba seis tribunales de circuito y fijaba un término anualmente para el tribunal superior.
Ahora la cuestión era qué haría Jefferson con el Acta judicial de 1789, que había creado una estructura judicial federal de tres pisos. En lo alto de la estructura estaba un Tribunal Supremo con seis miembros compuesto por un juez principal y cinco jueces asociados. El nivel medio lo componían tres tribunales de circuito a ocupar solo dos veces al año con un juez de distrito y dos jueces itinerantes del Tribunal Supremo. En la base había tribunales de distrito presididos por un juez de distrito, cada estado tenía un tribunal de distrito, excepto Virginia y Massachussets que tenían dos cada uno.
Henry Adams describió esta acta como “un triunfo de la centralización federalista”, pues
había conferido al Tribunal Supremo jurisdicción sobre el enjuiciamiento final de los tribunales de Estado en los casos en que los poderes del gobierno general se habían “puesto en cuestión” [es decir, las cuestiones federales] y la decisión les fuera desfavorable.
Como apuntaba Adams, los defensores de los derechos de los estados temían que esta acta acabara “haciendo a los judiciales estatales tribunales inferiores al gobierno central”, pues
los poderes del gobierno general podrían “ponerse en cuestión” de muchas formas y en muchas ocasiones (…) hasta que los tribunales nacionales asumieran todos los litigios de importancia, dejando a los tribunales de los estados sin carácter o crédito.
En ese momento, el senador Richard Henry Lee, de Virginia, había propuesto crear un tribunal único federal supremo de apelación sin ningún otro tipo de tribunales federales, excepto unos pocos tribunales del almirantazgo. Todos los casos que llegaran a la jurisdicción federal se sustanciarían ante tribunales de estado y solo bajo apelación llegarían al tribunal supremo. Otros republicanos propusieron un tribunal supremo mayor que viajaría por el país para atender todos los casos federales. El Congreso controlado por los federalistas rechazó ambas opciones y eligió el sistema judicial más centralista y elaborado propuesto por el senador Oliver Ellsworth, de Connecticut.
Jefferson y los republicanos tenían disponibles dos modelos con los cuales podían haber reemplazado el Acta judicial de 1789. Aún así no hicieron ningún esfuerzo por abolirla. Es más, con la importante excepción de probar el remedio de las impugnaciones judiciales, no hicieron ningún esfuerzo por llevar a cabo ningún otro tipo de reforma judicial o constitucional.
De acuerdo con Henry Adams, el mayor fracaso de Jefferson (después del embargo) fue su falta de voluntad de aprovechar el impulso y prestigio de la victoria y su abrumadora mayoría republicana en el Congreso para llevar a cabo reformas judiciales y constitucionales fundamentales. Como apunta correctamente, “las lagunas jurídicas por la admisión de la soberanía europea en la ciudadela de la libertad estadounidense se veían tan claramente en 1800 como [en 1860]”. Aunque Adams no simpatiza en absoluto con las teorías políticas y constitucionales de los Viejos Republicanos, tiene indiscutiblemente razón en apuntar a la importancia de fracaso de Jefferson en institucionalizar su revolución. Con la sola excepción de las impugnaciones, Jefferson no siquiera trató de aprobar salvaguardas constitucionales contra los peligros que generaba el centralismo nacional y el neomercantilismo. El por qué no lo hizo sigue siendo un misterio.
Jefferson era indudablemente consciente de los planes federalistas de un gobierno más “enérgico”. Y no ignoraba posibles reformas, pues un eminente republicano de Virginia había propuesto varias en octubre de 1801. El juez Edmund Pendleton, presidente del Tribunal de Apelación de Virginia, publicó un influyente artículo en el Richmond Enquirer titulado “El peligro no ha pasado”. El artículo fue pronto reimpreso en el periódico de la administración, el National Intelligencer de Washington. El artículo de Pendleton era un clásico manifiesto republicano lleno de referencias negativas a los peligros que suponían para la libertad estadounidense los ejércitos permanentes, la guerra no declarada, la influencia del ejecutivo, la deuda pública, las excesivas oficinas civiles, la corrupción del legislativo, la irresponsabilidad judicial y el poder central consolidado.
Pendleton advertía que los estadounidenses no deberían ser complacientes simplemente porque los leales republicanos tuvieran ahora las riendas del poder, pues los hombres eran “falibles”, nuevos hombres de principios inciertos inevitablemente les sucederían y la experiencia ya ha demostrado que “puede hacerse mucho daño bajo una administración que no sea inteligente y que incluso las partes más valiosas de la Constitución pueden eludirse o violarse”. Como consecuencia, les urgía a que aprovecharan la oportunidad ofrecida por el derrocamiento temporal de hombres y principios federalistas “para erigir nuevas barrera contra la locura, el fraude y la ambición y para explicar aquellas partes de la Constitución como ya se ha hecho o puedan interpretarse contrariamente a la intención de quienes la adoptaron”.
Pendleton sugería las siguientes enmiendas constitucionales para corregir varios “defectos” notables en la Constitución. Como creía que la presidencia era demasiado poderosa, proponía que el presidente no pudiera ser elegido para un segundo mandato y su poder de nombramiento de jueces y embajadores federales se trasfiriera a la Cámara de Representantes. También creía que el Senado federal era demasiado poderoso y recomendaba o bien reducir el tiempo en el cargo de los senadores o hacerles destituibles por las legislaturas estatales y privarles de sus poderes “ejecutivos” (el poder de ratificar tratados y confirmar nombramientos), que supuestamente se trasladarían a la Cámara.
Pendleton veía un defecto en el irresponsabilidad del judicial federal. Proponía que mediante un voto conjunto de ambas cámaras, el Congreso podría destituir de su cargo a jueces federales y del Tribunal Supremo. Creía que había una falta de restricciones en el poder del gobierno federal para pedir dinero prestado y endeudarse. Pendleton sugería “algún control” a este poder, aunque no especificaba de qué tipo.
También la preocupaba la falta de precisión en ciertas áreas y la existencia de algunas expresiones generales en la Constitución que daban oportunidades a interpretaciones maliciosas. Recomendaba “definir los poderes prohibidos tan explícitamente como para desafiar las tretas de la interpretación”. Recomendaba que la Constitución debería indicar expresamente que la ley común de Inglaterra no formaba parte de la ley de Estados Unidos y que el delito de traición estaba “limitado a los casos indicados en la Constitución” y no podía extenderse más allá por ley o interpretación.
También creía que existía demasiada incertidumbre acerca de los límites exactos entre las esferas de autoridad federal y estatal. Por tanto sugería que “los poderes de distrito de los gobiernos general y estatal” deberían estar “marcados con más precisión”. Acababa su artículo citando a un autor clásico republicano anónimo que había observado “que entre los hombres cercanos al poder, más hay inclinados a destruir la libertad que a defenderla”. Les urgía a no dejara pasar esta oportunidad propicia antes crear “nuevas barreras para contrarrestar recientes cercenamientos de sus derechos”.
El propio Adams se preguntaba por qué Jefferson nunca impulsó una enmienda para eliminar “ciertas frases en la Constitución [que] habían demostrado por experiencia estar llenas de peligros y era bien conocido por precedentes su peligroso significado”, como la cláusula necesaria y justa. Se preguntaba por qué Jefferson no trató de limitar constitucionalmente los poderes de declarar la guerra y firmar tratados “con sus consecuencias indefinidas y por tanto ilimitadas”. También preguntaba por qué Jefferson no pidió al Congreso “confirmar la acción de Virginia y Kentucky declarando las leyes de extranjería y sedición como inconstitucionales y nulas como precedentes legislativos”. Después de todo, como apunta Adams, John Taylor y otros republicanos de Virginia del momento pensaban que el Congreso debía haber derogado formalmente esas leyes en lugar de dejar simplemente que expiraran de acuerdo con lo establecido.
Jefferson tampoco hizo nada para borrar lo que desde entonces ha probado ser un precedente fatal establecido por Marbury, de que el Tribunal Supremo tenga la autoridad para echar abajo una ley estatal o federal cuya constitucionalidad sea discutida. Jefferson podría haber pedido al Congreso una enmienda para anular la opinión de Marshall en Marbury y declarar formalmente que el Tribunal Supremo no tenía el poder de revisión judicial. Jefferson creía que como la opinión de Marshall se emitió obiter dictum (una opinión incidental sin relación con el caso en cuestión y por tanto no vinculante) y no tenía ningún precedente histórico, era por tanto nula de pleno derecho. Tenía razón, pero eso no impidió que jueces futuros la citaran.
Por fin, Jefferson erró al decidir no impulsar un enmienda para autorizar la compra de Louisiana y responder a las preguntas que generaba la expansión territorial: qué otros territorios norteamericanos podían incorporarse a la Unión, cómo podían incorporarse legalmente, qué poderes tenían exactamente Congreso y presidente sobre los territorios y cuál sería el procedimiento exacto para formar nuevos estados y admitirlos en la Unión.
Jefferson tampoco nombró al Tribunal Supremo a un republicano partidario de los derechos de los estados que pudiera rivalizar con John Marshall en erudición, fuerte personalidad y determinación en sostener una filosofía constitucional consistente. Jefferson hizo tres nombramientos al Tribunal Supremo. Nombró a William Johnson, de Carolina del Sur en 1804, a Henry Brockholst Livingston, de Nueva York, en 1806 y a Thomas Todd, de Kentucky, en 1807. Aunque los tres eran republicanos, ninguno de ellos sostuvo consistentemente la teoría compacta de la Constitución o lo que entonces se conocía como la escuela de constitucionalismo de Virginia.
Johnson, que era el más republicano de los tres, citó a Marbury como precedente y coincidió con las principales sentencias centralizadoras de Marshall (McCulloch v. Maryland; Martin v. Hunter; Gibbons v. Ogden y Dartmouth College v. Woodward).
Livingston fue una decepción aún mayor que Johnson. En lugar de ayudar a formar una falange jeffersioniana en el tribunal, cayó rápidamente bajo la influencia de Marshall y votó con la mayoría nacionalista en todos los casos importantes.
Thomas Todd, a quien nombró Jefferson para ocupar un sexto puesto recién creado de juez, resultó ser algo inane, un mero tampón para Marshall y Joseph Story.
Los historiadores tienen poco o nada que decir acerca de los nombramientos de Jefferson al Tribunal Supremo. Ni Henry Adams ni Dumas Malone siquiera los explican. Aún así, aquí estuvo la mejor posibilidad de Jefferson de combatir a John Marshall. Con tres nombramientos de republicanos fuertes, Jefferson podría haber reducido la mayoría de Marshall a un sencillo 4-3 en 1807. Con solo un nombramiento sólido en 1811, el sucesor de Jefferson designado por él, Madison, podía haber acabado con el Tribunal Marshall y empezado un Tribunal Jeffersoniano con estrictos juristas interpretadores de derechos de los estados en la mayoría.
Entretanto, las vigorosas opiniones disidentes emitidas por juristas jeffersonianos podrían haber debilitado la fuerza de las sentencias de Marshall y añadido legitimación a futuras revocaciones. Como las sentencias nacionalistas más seminales de Marshall, aparte de Marbury , llegaron tras la Guerra de 1812, Jefferson podía haber cambiado todo el curso de la historia constitucional.
¿Por qué hizo Jefferson unos nombramientos tan flojos? No fue porque no hubiera juristas formidables intelectualmente comprometidos con los derechos de los estados y la interpretación estricta. En realidad había muchos disponibles, incluyendo a dos virginianos eminentes con quienes mantenía correspondencia Jefferson. El juez Spencer Roane (1762-1822) había estado en el Tribunal de Apelación de Virginia desde 1794 y, tras la muerte de Edmund Pendleton en 1803, se convirtió en su líder reconocido. El presidente electo Jefferson parece haber considerado nombrarle como juez principal del Tribunal Supremo antes de que Adams nombrara a Marshall solo seis semanas antes de dejar el cargo. El por qué Jefferson no nombró a Roane para el tribunal a la primera oportunidad para controlar a Marshall es algo que no está claro.
Otro formidable jurista de Virginia que compartía la filosofía constitucional y judicial de Jefferson era St. George Tucker (1752-1827). Tucker había sido juez del tribunal general de Virginia durante doce años y profesor de derecho en la Universidad de William & Mary de 1800 a 1803 y fue elegido al tribunal de apelación del estado en 1803 para cubrir la vacante dejada por la muerte de Pendleton. En ese mismo año, publicó una edición anotada en cinco volúmenes de los Commentaries of the Laws of England de William Blackstone. Tucker envolvió su versión “republicanizada” de Blackstone con las doctrinas de los derechos de los estados, la interpretación estricta y la teoría compacta.
No cabe duda de que Roane y Tucker eran intelectualmente iguales y posiblemente superiores a Marshall y que hubieran contestado sus sentencias centralizadoras y nacionalistas a cada oportunidad. Si Jefferson hubiera nombrado a estos dos hombres al tribunal y favorecido a un verdadero republicano, en lugar de a Madison, como su sucesor, es muy probable que le Tribunal Marshall hubiera terminado en 1811 y los historiadores estarían hoy escribiendo acerca de un Tribunal de Roane y Tucker durante las décadas de 1810 y 1820.
Jefferson sí intentó el experimento de si poder de impugnación del Congreso podía utilizarse como medio para disciplinar o controlar el poder de jueces federales y del Tribunal Supremo. En febrero de 1803, Jefferson recomendó a la Cámara que considerara la impugnación del juez del distrito federal John Pickering, de New Hampshire. Jefferson decía que la habitual ebriedad de Pickering le hacía incapaz de realizar su trabajo y que dicha negligencia constituía una falta que era una base legal para una impugnación. El 3 de marzo de 1803, la Cámara votó 45 a 8 impugnar a Pickering. Un año después, el 12 de marzo de 1804, el Senado encontró a Pickering culpable de una falta y ordenó que se le retirara del cargo.
Ciertamente a Jefferson le agradó la impugnación de Pickering, pero fueron otros dos acontecimientos a finales del invierno y primavera de 1803 lo que le movieron a recomendar a sus principales apoyos en el Congreso a impugnar un juez del Tribunal Supremo. El 24 de febrero de 1803 John Marshall publicó su afirmación gratuita y audaz en Marbury v. Madison. Jefferson estaba alarmado e irritado por la sentencia.
Luego el 2 de mayo, el juez asociado del Tribunal Supremo, Samuel Chase realizó una arenga política ante un gran jurado en Baltimore. Chase denunciaba la derogación republicana del Acta Judicial de 1801, la adopción reciente del sufragio universal masculino por el estado de Maryland y “las doctrinas modernas de nuestros recientes reformadores [los jeffersonianos], de que todos los hombres en un estado de sociedad tienen derecho a disfrutar de igual libertad e iguales derechos”. Chase advertía al jurado que si no se derogaban estos cambios y se repudiaban las doctrinas que había detrás de ellos, el gobierno se convertiría en “una cleptocracia (…) y la paz y el orden, la libertad y la propiedad serían destruidos”.
Jefferson estaba furioso. Consideraba que los comentarios de Chase eran “sediciosos·, constituyendo un “ataque oficial a los principios de nuestra Constitución y las disposiciones de un Estado”. Por consiguiente, solo diez días después, escribió una carta urgiendo a uno de sus partidarios principales en la Cámara a empezar el procedimiento de impugnación contra Chase. Para Jefferson, había llegado el momento de humillar el poder y pretensiones del Tribunal Supremo controlado por los federalistas y al mismo tiempo ver si la impugnación podía funcionar como un control legislativo eficaz sobre el poder judicial. El 2 de marzo de 1804, la Cámara votó impugnar a Chase con una votación de 73 a 32. El juicio en el Senado empezaría un año después. Los principales representantes de la Cámara en el Senado fueron John Randolph, de Virginia, Joseph Nicholson, de Maryland y George W. Campbell, de Tennessee.
Samuel Chase era un archi-federalista de costumbres imperiosas que había permitido que su partidismo político influyera en sus deberes oficiales como juez asociado del Tribunal Supremo. Chase había favorecido la acusación del gobierno en su gestión de dos importantes juicios de sedición en Baltimore en 1800, había dejado al tribunal su quórum para hacer campaña por John Adams ese mismo año, también se había dedicado a acosar a abogados republicanos y a realizar diatribas políticas mientras estaba en el tribunal.
Los directores de la Cámara redactaron ocho acusaciones de impugnación contra Chase. Las acusaciones más graves eran que, durante el juicio de sedición de John Fries, Chase había negado al acusado el derecho a consejo y le había tratado de una manera “arbitraria, opresiva e injusta”; durante el juicio por libelo a James Callender, Chase no había excusado a un jurado con prejuicios y había rechazado oír a un testigo importante de la defensa; después de que un gran jurado federal en Newcastle, Delaware, hubiera terminado su tarea, Chase lo mantuvo en vigor y le reclamó que inspeccionara un escrito local en busca de evidencias de sedición y Chase había realizado un discurso político ante el gran jurado en Baltimore.
El asunto principal ante el Senado era cuáles eran las bases apropiadas para la impugnación judicial. Los federalistas y algunos republicanos del norte afirmaban que un juez solo podía ser impugnado por violaciones reales de la ley (impugnación criminal). Los republicanos del sur, liderados por John Randolph y William Branch Giles, afirmaban que un juez podía ser impugnado por mala conducta, partidismo y abuso del poder judicial (impugnación política). Esta última era la opinión de Jefferson.
El 1 de marzo de 1805, el Senado empezó a votar las ocho acusaciones de la impugnación. Para condenar a Chase, dos tercios de los senadores presentes (23 de 34) tendrían que votar condenarle por al menos una acusación. Los mayores votos de condena fueron 19 en la acusación ocho y 18 en las acusaciones tres y cuatro. Chase fue absuelto. Aunque se ha acusado frecuentemente a Randolph de manejar mal el juicio, la razón real del fracaso en la condena fue que los republicanos del norte y un republicano del sur votaron absolver a Chase de las ocho acusaciones.
Así, para desencanto de Jefferson y Randolph, la idea de que si la impugnación podía usarse para controlar un poder judicial politizado y consolidacionista se había resuelto negativamente. Inmediatamente después de la absolución, John Randolph presentó una resolución que la Cámara debía aprobar y someter a los estados una enmienda a la Constitución que hicera que “los jueces del Supremo y otros tribunales de Estados Unidos serán destituidos por el Presidente de acuerdo con ambas cámaras del Congreso”.
Joseph Nicholson, de Maryland, impulsó una enmienda que diera poder al legislativo de cualquier estado para destituir a uno de sus senadores y dejar vacante su escaño. La Cámara votó dejar ambas resoluciones para el próximo Congreso. Jefferson no dio apoyo a ninguna de las enmiendas.
Escribiendo dos años después durante el juicio por traición de Burr, Jefferson admitía a uno de sus principales partidarios en el Senado que “ la impugnación es una farsa que no se volverá a intentar”. Observaba con alarma que “uno de los grandes poderes coordinados del gobierno [el judicial]” se había puesto “en oposición a los otros dos y al sentido común de la nación”. Sugería que si Burr era absuelto debido a los obstáculos puestos en el camino hacia la condena por el Juez Principal Marshall, que presidía el juicio, entonces el pueblo “lo verá y enmendará el error en nuestra Constitución, que hace a cualquier poder independiente de la nación”.
Tampoco Jefferson hizo nada. Incluso se expresaba como si el presidente no tuviera poder o influencia para proponer una enmienda constitucional que habría limitado los poderes del tribunal federal y hacer que sus jueces, igual que otros jueces federales, fueran destituibles por mala conducta. Tenía muchas formas de hacer una recomendación así: podría haber redactado un mensaje especial al Congreso, podría haberla incluido en su siguiente mensaje anual y podría haberla sugerido a sus principales partidarios en el Congreso. Pero no hizo nada de eso.
Jefferson debería haber sido más listo. Debería haberse dado cuenta de que el poder político en una república es efímero y que la tentación del abuso de poder era tan grande que futuras administraciones y congresos con seguridad probarían el fruto prohibido, lo que era una razón de peso para erigir tantos diques y fosos y eliminar tantas vías desguarnecidas al trono del poder arbitrario como fuera posible. Años más tarde, cuando el propio Jefferson admitió que el enemigo estaba en su bando, no pudo decir que no se le había avisado: son compañeros republicanos virginianos, Edmund Pendleton, John Randolph y John Taylor, se lo habían advertido.
Henry Adams sugería cuatro razones por las que Jefferson no impulsó una revisión y reforma constitucional. Primera, Jefferson encontró útiles algunos poderes federales para su política de expansión territorial, como el poder de firmar tratados. Segunda, su mayoría en el Senado era demasiado pequeña: necesitaba dos tercios para aprobar una enmienda. Tercera, podría no contar con el apoyo de sus aliados políticos del norte. Adams afirmaba que mientras que los “republicanos del sur” estaban fuertemente comprometidos con un gobierno limitado, los derechos de los estados y la interpretación estricta, los “demócratas del norte” estaban más interesados en hacer que el gobierno federal respondiera a los deseos del pueblo que en restringir su poder. Cuarta,
Jefferson quería derrocar a los federalistas y aniquilar toda la oposición antes de intentar reformas radicales. Confiado en que los derechos de los estados estaban a salvo en sus manos, no vio la ocasión de alarmar al pueblo con legislación dirigida contra peligros pasados en lugar de contra los futuros.
Adams tenía razón, al principio de su presidencia, Jefferson tomó una decisión funesta para salvaguardar la revolución republicana por medios políticos en lugar de constitucionales. Su estrategia fue alejar la gran masa de votantes federalistas, a la mayoría de los cuales creía republicanos en el fondo, de sus líderes ambiciosos y sin principios. Una vez hecho eso, la república estaría segura podrían realizarse reformas fundamentales. Admitía a un corresponsal al principio de su presidencia que
puede que algunas cosas queden sin hacer por un tiempo por razones de compromiso y de no alarmar con reformas demasiado súbitas, pero con la vista puesta en recuperarlas en otro momento. (…) Lo que es factible debe a menudo controlar lo que es pura teoría y las costumbres de los gobernados determinan en gran medida no que es factible.
Entretanto, esperaba “introducir poco a poco principios sensatos y hacerlos habituales”. En otras palabras, temía que medidas radicales alarmaran a muchos federalistas moderados y nuevos votantes republicanos, devolviéndolos así a los brazos de los hamiltonianos y los altos federalistas de Nueva Inglaterra.
Muchas de las primeras decisiones políticas de Jefferson solo pueden explicarse por un deseo de aplacar y ganarse al grueso de los federalistas para el Partido Republicano. ¿Por qué si no fue tan reticente a destituir de sus cargos siquiera a los federalistas más partidistas o incompetentes? ¿Por qué decidió solo reducir, en lugar de abolir, la armada cuando ésta había sido su intención inicial y el verdadero deseo de tantos de sus partidarios del sur? ¿Por qué decidió enviar la flota al Mediterráneo para luchar contra el pachá de Trípoli cuando solo necesitaba firmar un tratado con un aumento en el tributo? Después de todo, Jefferson continuó durante toda su presidencia pagando tributo a otras potencias bárbaras. Jefferson sabía que la armada era popular en los estados del este, la región en la que él era más débil, y sabía que la mayoría de los oficiales de la armada eran federalistas. ¿Por qué apoyó Jefferson una cuerdo de compromiso en el lamentable escándalo de sobornos de Yazoo, si no fue para ganarse a los federalistas de Nueva Inglaterra que estaban personalmente interesados en esa sórdida transacción financiera?
Hay numerosas referencias en las cartas de Jefferson durante el curso de su presidencia indicando lo importante que era para él que creciera la mayoría republicana y disminuyera la minoría federalista. Además, hay indicios de que Jefferson no estaba simplemente retrasando la reforma constitucional para otro día en que los republicanos fueran más fuertes, sino que realmente consideraba tales reformas como secundarias en importancia a ganarse a la minoría federalista para el republicanismo:
Si continuara toda Nuevas Inglaterra en oposición a estos principios de gobierno, ya sea conscientemente o por engaño, nuestro gobierno sería muy incómodo. Uno nunca puede ser armonioso y sólido mientras una porción respetable de sus ciudadanos apoya principios que se dirigen directamente a cambiar la Constitución, a hundir a los gobiernos estatales, consolidarlos en uno y monarquizar todo eso.
En otras palabras, Jefferson entendía que las prohibiciones constitucionales por sí solas no disuadirían o impedirían a una facción determinada transformar un gobierno en el que no creían. Con sus políticas, Jefferson hizo más hincapié en restaurar la armonía y la unidad del país y en recuperar al grueso de los federalistas a sus “antiguos principios”, “los principios del ‘76”, que en la reforma constitucional. Jefferson sencillamente rechazó creer que no podía confiarse en la mayoría para defender la Constitución y la causa de la libertad. Estaba seguro de que aunque pudieran apartarse en ocasiones de los principios sensatos, siempre volverían a la sensatez antes de que fuera demasiado tarde.
H. A. Scott Trask es investigador adjunto en el Instituto Mises.
Este artículo se ha extraído del capítulo 3 de Reassessing the Presidency, editado por John V. Denson.