Por
Murray N. Rothbard. (Publicado el 23 de septiembre de 2011)
Traducido
del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5657.
[En abril de 1993, Murray Rothbard escribía sobre le
problema del agua en Texas, explicando cómo la política pública seguía una ruta
desastrosa que podía llevar a una sequía masiva. Ese día finalmente ha llegado]
Todos sabemos cómo los ecologistas,
aparentemente determinados a toda costa a salvar al búho moteado, dieron un
golpe catastrófico a la industria maderera en el Noroeste. Pero esta bofetada a
la economía puede ser trivial comparada con lo que podría pasar a la bella
ciudad de San Antonio, Texas, en peligro por la combinación letal y despótica
del movimiento ecologista y el poder judicial federal.
La única fuente de agua para la
ciudad con 900.000 habitantes, así como su gran extrarradio, es el gigantesco
Acuífero Edwards, un río o lago (hay controversia) subterráneo que se extiende
por cinco condados. Compitiendo por el agua. Junto con San Antonio y las
granjas y ranchos del área, hay dos manantiales, el Comal y el Aquarena en el
Río San Marcos, que se están convirtiendo en atracciones turísticas. En mayo de
1991, el Sierra Club, junto con la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco, que
controla ambos manantiales, presentó una demanda en el tribunal federal,
invocando la Ley de Especies en Peligro de Extinción. Parece que, en caso de
una sequía, cualquier cese del flujo de agua a los dos manantiales pondría en
peligro a cuatro raras especies de plantas o animales alimentados por los
manantiales: la salamandra ciega de Texas, el arroz salvaje de Texas y dos
pequeños tipos de pez: el dardo de manantial y la gambusia de San Marcos.
El 13 de febrero de 1993, el juez
federal de distrito Lucius Bunton, en Midland, Texas, dictó su sentencia a
favor del Sierra Club: en caso de sequía, no importa la escasez de agua que
afecte a San Antonio, habrá agua suficiente fluyendo del acuífero de los dos
manantiales para preservar estas cuatro especies. El juez Bunton admitía que,
en una sequía, San Antonio, para obedecer a lo establecido, podría tener que
ver que su agua se bombea desde el acuífero hasta en un 60%. Esto afectaría
tanto a los ciudadanos de San Antonio como a los granjeros y rancheros del
área: el hombre tendría que sufrir, porque los seres humanos son siempre los
últimos de la fila en el universo ecologista, indudablemente muy por debajo del
arroz salvaje y del dardo de manantial.
El alcalde de San Antonio, Nelson
Wolff estaba lógicamente indignado por la sentencia del juez. “Piensen en un
mundo en el que solo te permitan bañarte dos veces por semana”, exclamaba el
alcalde. “Piensen en un mundo en el que necesites un permiso del juez para
regar tus cultivos”.
John W. Jones, presidente de la
Asociación de Ganaderos de Texas y el Suroeste, se quejaba gráficamente de que
la decisión del juez “pone la protección de los bichos de Texas por encima de
la de los bebés de Texas”.
En todo caso, ¿cómo se
entrometieron los tribunales federales?
Aparentemente,
si se considera al Acuífero Edwards como un “río”, entonces quedaría bajo la
jurisdicción del la Comisión del Agua de Texas en lugar de bajo los tribunales
federales. Pero el pasado año, un juez federal en Austin sentenció que el
acuífero es un “lago”, poniéndolo bajo control federal.
Los
ecologistas se oponen a la producción y uso de los recursos naturales. Los
jueces federales buscan expandir el poder federal. Y hay otro cuyo interés en
el juicio tiene que analizarse: la Autoridad del Río Guadalupe-Blanco, de
carácter público. Además de los ingresos por turismo que desea mantener, hay
otra fuente, oculta y más abundante, de ingresos que puede estar animando a la
Autoridad.
La
cuestión la planteó Cliff Morton, presidente del Sistema de Aguas de San
Antonio. Morton dijo que creía que la Autoridad, durante una sequía, dirigiría
el flujo aumentado del manantial hacia una reserva y luego vendería a un alto
precio a la atribulada San Antonio el agua que habría obtenido de forma mucho
más barata desde el acuífero. ¿Es la Autoridad capaz de una tal maniobra
maquiavélica? Morton piensa que sí. “De eso se trata”, advierte amargamente.
“No de los dardos de manantial”.
Wolff,
Jones y otra gente en contra reclaman al Congreso que rebaje las previsiones
draconianas de la Ley de Especies en Peligro de Extinción, pero parece haber
pocas posibilidades de ello en una administración Clinton-Gore.
Por
supuesto, una solución a plazo más largo es privatizar todo el sistema de aguas
y derechos sobre el agua en este país. Todos los recursos, en realidad todos
los bienes y servicios, son escasos, y todos están sujetos a competencia en su
uso. Por eso hay un sistema de propiedad privada y de intercambio en el libre
mercado. Si se privatizaran todos los recursos, se asignarían a los usos más
importantes por medio de un sistema de precios libres, ya que los ofertantes
capaces de satisfacer las demandas de los consumidores de la forma más
eficiente son capaces de ofrecer más por estos recursos que los menos capaces.
Como los
ríos, acuíferos y agua en general han sido en buena parte socializados en este
país, la consecuencia es una red confusa y terriblemente ineficiente de precios
irracionales, subvenciones masivas, uso excesivo en algunas áreas y escaso en
otras y la extensión de controles y racionamientos. Todo el sistema de aguas es
un embrollo y solo la privatización y los mercados libres pueden curarlo.
Entretanto,
sería bueno ver que se modifica o incluso (¡horror!) se deroga la Ley de
Especies en Peligro de Extinción. Si el Sierra Club y otros ecologistas desean
conservar bichos de distintas formas y tamaños, vegetales, animales o
minerales, que usen sus propios fondos y los de sus deslumbrados donantes para
comprar terrenos o arroyos y conservarlos.
La ciudad
de Nueva York ha decidido recientemente abolir la bonita palabra antigua “zoo”
y sustituirla por el eufemismo políticamente correcto “parque de conservación
de la vida salvaje”. Que el Sierra Club y otros similares conserven las
especies en estos parques en lugar de gastar sus fondos en controlar las vidas
de la gente estadounidense.
Murray N. Rothbard (1926-1995) fue decano de la Escuela
Austriaca. Fue economista, historiador de la economía y filósofo político
libertario.
Este
artículo apareció originalmente en Free
Market en abril de 1993. Está recogido en Making
Economic Sense.