Por Mark A. Pribonic. (Publicado el 13 de junio de 2008)
Traducido del inglés. El artículo
original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/2995.
Recordando a un joven aceptando
atreverse a hacer algo estúpido, el presidente del Comité Bancario del Senado,
el Senador Christopher Dodd, alardeó ante los periodistas el pasado día de que
los miembros del comité habían hecho algo que muchos pensaban que era
imposible: el comité acordó una legislación que rescataría a los propietario de
viviendas que afrontaran un desahucio.
No es por decepcionar al senador de
Connecticut, pero pocos dudamos nunca de la habilidad de los políticos para
diluir los riesgos y recompensas del intercambio voluntario.
La base de la legislación propuesta
es la creación de un nuevo proceso burocrático que ofrecería garantía pública
de 300.000 millones de dólares en nuevas préstamos vivienda para prestatarios
en riesgo. Para solicitar esta garantía, los prestamistas tendrían que acordar
rebajar los balances de préstamos que estén por debajo del valor acordado de la
casa. Al llegar al acuerdo, el senador de Alabama, Richard Shelby declaraba que
los contribuyentes no tendrían ningún riesgo. Pero como el gobierno no crea
riqueza por sí mismo, los contribuyentes siempre tienen riesgo de correr con
los gatos de un programa público, ya sea mediante impuestos o precios más altos
debidos al dinero creado por el gobierno. La premisa del Senador Shelby sobre
el riesgo soportado es el primero de varios puntos de lógica fallida en este
plan.
Los factores que causaron los
préstamos impagados siguen existiendo. La incapacidad de pagar dentro del plazo
normalmente es el resultado de un exceso de exposición al riesgo o pérdida de
rentas, que puede deberse al desempleo o a un divorcio.
Para muchos de los que afrontan un
desahucio, la deuda no se limita a una sola hipoteca. En muchos casos, se
realizaron múltiples préstamos en forma de segundas hipotecas y créditos
hipotecarios sobre el valor hipotético de la propiedad. Esto pone en cuestión
la parte de la legislación que requiere que se reduzcan los balances
crediticios. ¿Incluye los balances existentes para préstamos de segundo o
tercer nivel? Por supuesto, la deuda no se limita a los préstamos
inmobiliarios. Según algunos datos, la deuda en tarjetas de crédito en este
país supera el billón de dólares. Sería seguro suponer que los que afrontan un
desahucio tienen grandes deudas en sus tarjetas de crédito como consecuencia de
tratar de cumplir con los plazos.
Una de las grandes mentiras acerca
de la naturaleza de los desahucios es que las causas del peligro financiero son
las revisiones al alza de préstamos inmobiliarios solo de intereses, que
naturalmente hacen que aumente la cuota mensual. La mayoría cree que si esta
gente tuviera hipotecas fijas normales, entonces la desesperación de perder sus
casas sería una pesadilla pasajera. El adjetivo posesivo “sus” es en sí mismo
una mentira, ya que implica un declaración de propiedad en la que se ha
invertido poco o ningún dinero. Pero los creyentes en este teoría del tipo de
interés ajustable no aprecian la alta probabilidad de que muchos de los que
están en morosidad no estuvieran mejor bajo una hipoteca normal. Por ejemplo,
hoy una hipoteca fija a 30 años con un tipo de interés del 6% sobre un
principal de 250.000$ requeriría un pago mensual de 1.490$ y esta cifra no
incluye impuestos a la propiedad y seguros, que aumentarían la cuota mensual en
unos cientos de dólares más, una cantidad equivalente a la de los préstamos
solo de intereses impagados.
En el otro lado de la ecuación, una
pérdida de empleo o un divorcio que acusara una caída inesperada de los
depósitos familiares mensuales es más que probable que siga presente. Nuevos plazos
de hipoteca no tendrán en absoluto ningún efecto en tu empleo o estado civil.
Si el Congreso se diera cuenta de esto, no resultaría una sorpresa ver mayor
legislación inmobiliaria que obligara a renovar los contratos de empleo y los
votos maritales.
Para que cualquier plan de rescate
inmobiliario reciba la sanción presidencial, la legislación no debe rescatar a
especuladores o prestamistas. Pero la especulación es propia de cualquier
transacción que incluya una deuda. Cuando se asume una deuda, especulamos que
seremos capaces de cumplir con las cuotas y la liquidación final del préstamo.
Por tanto, especulamos sobre el futuro estado de nuestra renta, que consiste en
factores como salud, empleo y estado civil. Sin especulación, nunca se prestará
dinero y se construirían pocas casas.
Aún así, este o cualquier otro plan
de garantías públicas se basa exactamente en las fuerzas económicas que
aborrecen públicamente los políticos en sus poses. Nos obliga a todos a poner
nuestra confianza en quienes fracasaron con su propio dinero en atender sus
compromisos con el dinero de un extraño. Si el Congreso quiere acabar con la
especulación, debería sugerir empezar con los negociantes de la Reserva
Federal.
Mark A. Pribonic es profesor adjunto de economía y trader en una institución financiera. Su
blog es ScrambledEggconomics.com.