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Mientras observamos el actual frenesó de abogados preparándose para demandar a McDonald’s y Burger King (e incluso demandando a Kraft Foods, el fabricante de las Oreo) supuestamente por hacer que sus clientes sufran obesidad, no podemos sino preguntarnos qué lunáticos se han apoderado del sistema legal de EEUU.

Esta litigación actual, que se hace en nombre de los pleitos del derecho común, parece superficialmente tener las trampas del sistema histórico de pleitos. Existen las partes supuestamente perjudicadas (gente obesa) y los perpetradores de los “daños” (los restaurantes de comida rápida).

Así, razonan los que defienden estos casos, la gente debería poder demandar a McDonald’s, Burger King y Kraft en los tribunales y permitir que jueces y jurados decidan si los supuestos daños merecen indemnización parte de estas empresas. Así es como ha funcionado durante siglos el sistema legal de derecho común y esto es simplemente una continuación de esa tradición, según la justificación actual.

El único problema con esta línea de razonamiento es que es completamente falsa. Aunque muchos articulistas en esta página se han ocupado convincentemente del daño económico producido por el gobierno en los frentes regulatorio y de gastos/impuestos, la continua erosión del derecho civil y penal en Estados Unidos tiene también el efecto de limitar la libertad y destruir nuestro nivel material de vida.

Además, ahora mismo, esta serie de tendencias legales no da señales de terminar. Aunque el cadáver de que una vez fue el derecho común pueda aún parecer vivo, el producto final no es más real que los cuerpos humanos invadidos por extraterrestres en esa famosa película de culto.

He aquí los hechos del caso. Un grupo de abogados en campaña, liderados por John Banzhaf, recién acabadas las guerras del tabaco, está planeando plantear una serie de demandas en todo el país acusando a McDonald’s y Burger King de haber preparado alimentos no seguros que no solo causan obesidad, sino que son asimismo adictivos. Banzhaf planea presentar un artículo en la revista New Scientist que defiende la tesis de que la comida rápida “causa cambios químicos en el cerebro de la misma forma que la nicotina y la heroína”, según una reciente noticia.

En una evolución relacionada (cuyos plazos hacen que algunos sospechemos que no es solo una coincidencia), Tommy Thompson, secretario del Departamento de Salud de EEUU ha amenazado con singularizar la empresas de comida rápida salvo que acepten cambiar sus menús. “Voy a empezar a dar premios y señalar a quienes lo hacen bien y los que no lo hacen”, declaró.

La estrategia será muy similar a la que se utilizó en el litigio del tabaco, en el que los abogados reclamarían a través de sus clientes que los restaurantes de comida rápida les engañaron con afirmaciones publicitarias falsas y les hicieron adictos a sus productos, luego contribuyeron a su obesidad. Thompson indudablemente echa más leña a ese fuego afirmando que la “explosión de la comida basura” está costando “al gobierno 117.000 millones de dólares cada año en costes de atención sanitaria relacionados con la obesidad”.

Esa estrategia, aunque probablemente tenga éxito en el actual clima legal, está claro que no es conforme con los patrones del derecho común, que ha ayudado a sostener el increíble crecimiento económico en Estados Unidos desde los inicios de este país. De hecho, el éxito del litigio del tabaco se debe precisamente al hecho de que los tribunales en la práctica han abandonado el derecho común.

Para que funcione el sistema de pleitos dentro del derecho común de una manera justa (y, podemos añadir, económicamente eficiente), deben existir realmente varias cosas. Tiene que haber un daño y el origen de ese daño debe poder identificarse.

Por ejemplo, en 1985, uno de nosotros sufrió un grave accidente de automóvil y acabó en el hospital, ocurriendo el percance cuando alguien entro en la carretera desde una calle lateral y causó una colisión inevitable. Hubo un daño evidente (un esternón roto) y la causa pudo identificarse apropiadamente, lo que es el segundo requisito para que funcione el sistema de pleitos.

Asimismo, debe ejercitarse una responsabilidad personal. Si alguien toma una decisión sin haber sido coaccionado y no hay fraude en ella, entonces se considera que tomó la decisión libremente.

Frente a esto, está lo que está ocurriendo en el aparentemente eterno litigio del amianto que ha devorado a una compañía tras otra. Como ha dicho tan bien David Laband, los tribunales han creado un “común judicial” en el que los casos presentados por personas que no puedan demostrar que ningún daño por la exposición al amianto se ven abrumados por el sistema, dejando a muchos con demandas legítimas de pleitos en las tinieblas. Cuando se abandona el derecho común, aparece algo que parece aproximársele superficialmente pero que es extraño al sistema legal histórico, como demuestran tan elocuentemente el asunto del amianto.

Antes del último ataque del gobierno a las empresas tabaqueras, nadie había ganado nunca una demanda de responsabilidad de un producto contra ellas. Primero, los jurados decidieron que las personas eligieron fumar y aunque sea cierto que la nicotina en el tabaco tiene cualidades adictivas, el mundo está lleno de exfumadores.

Además, la gente ha sido advertida por una avalancha de material anti-tabaco patrocinado públicamente, que va de anuncios en televisión a advertencias impresas en los paquetes de tabaco, así que los jurados decidieron razonablemente que los individuos que los fumaban lo hicieron eligiéndolo ellos y no podían echar la culpa a las tabaqueras si desarrollaban enfermedades relacionadas con el tabaco.

Dicho de otra manera, hubo un tiempo en que los tribunales en casos de fumadores aplicaban los patrones del derecho común. Sin embargo, desde que empezara en la década de 1990 la yihad gubernamental contra las tabaqueras, las reglas han cambiado y los patrones de responsabilidad del derecho común para el tabaco se han arrojado por la ventana. La gente puede ahora reclamar ante un tribunal (bajo juramento) que nunca oyeron nada acerca de los riesgos del tabaco para la salud, que se hicieron adictos sin remisión y que no tuvieron elección en este asunto.

Aunque este sinsentido pueda atraer a jurados y jueces, el hecho de que la gente pueda mentir abiertamente y sin remordimientos en el tribunal sin ninguna perspectiva de sanción significa que cuando se trata de la ley de pleitos en este país, la ideología estatista ha ganado al derecho de propiedad privada (y al sentido común). Con los inminentes ataques legales a los restaurantes de comida rápida llegará por fin el desmantelamiento de una barrera más a las garantías que el derecho proporcionó en un tiempo en este país. Como apuntó recientemente Paul Craig Roberts, se supone que el derecho es “un escudo para los inocentes”. Hoy se le califica como un arma para los abogados y el gobierno contra los ciudadanos cumplidores de la ley.

Es difícil imaginar el daño que causará esta última ronda de demandas, no solo para las empresas que se verán arruinadas en el futuro, sino asimismo a todas las que serán objetivos maduros para demandas porque se haya eliminado una serie más de garantías legales. Primero, porque si los abogados afirman que las campañas de publicidad de McDonald’s no son sino tretas para que jóvenes engañados coman comida venenosa, cualquier campaña de publicidad de cualquier empresa será pan comido para dichos abogados.

Segundo, al rebajar los patrones de la adicción (que afirman que es una forma de coacción), la primacía de la elección individual se erosionará aún más. La elección individual sencillamente no importará, ya que todos, en cualquier momento, serán capaces de alegar coacción.

Tercero, los abogados demostrarán de nuevo que todo lo que se necesita para saquear una empresa es hacer alguna reclamación respaldada por ciencia basura y ser escuchado en la sala del tribunal por un juez que simpatice contigo. Aunque las empresas de comida rápida pueden (y recalco: pueden) ganar unas pocas primeras batallas, al final el acorazado judicial las abatirá y luego se dedicará a otros sectores.

Los pleitos en la tradición del derecho común servían antes como un maravilloso mecanismo para ayudar a regular el intercambio económico. Proveían protección a individuos que se vieran verdaderamente dañados por fraude o negligencia causados por otros.

Ya no es el caso. Hoy los pleitos son simplemente un ente generador de dinero para bufetes de abogados y una vía para la gente que desee destruir las instituciones de la propiedad privada y la libre empresa manipulando la ley. De hecho, la ley ha dejado de ser un escudo y en su lugar se ha convertido en una espada a utilizar por el estado y por todos los que desean destruir lo que en un tiempo fue una gran civilización.