Mises Daily en español

Por Hans F. Sennholz. (Publicado el 10 de septiembre de 2009)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/3672.

[Este artículo apareció originalmente en The Freeman, Febrero de 1955]

En inicio de 1955 encuentra a los estadounidenses anegados con previsiones de prosperidad y auge. Los consejeros económicos de gobiernos, grandes empresas, universidades, sindicatos y otros grupos parecen haber resuelto al unísono asegurar a la gente que una depresión como la de la década de 1930 se ha eliminado eternamente de la escena estadounidense. “Los estadounidenses no tienen que temer una depresión”, dicen. “Nuestro gobierno vigilará de cerca nuestra economía e intervendrá cuando resulte necesario”.

Según estos economistas, los numerosos dispositivos de seguridad y estabilización existentes y operados por el gobierno federal (además de sus vastos podres en la esfera económica) evitarán cualquier tendencia económica a la baja y nos aseguran una continua prosperidad.

Esta reafirmación de los planificadores de la intervención pública puede parecer tranquilizadora y aceptable para muchos líderes políticos y seguidores. Pero es algo que asusta al economista que reconoce en ella la negación de la economía y las lecciones de la historia económica.

Al estudiar este problema, debemos darnos cuenta primero de que un ciclo económico con sus periodos de auge y declive no es una característica de la economía de libre mercado. Estas fluctuaciones extremas son y han sido siempre impuestas por la interferencia del gobierno en una economía no intervenida. Una crisis económica de algún tipo es inevitable tan pronto como el gobierno o un grupo de presión con poderes de coacción interfiere en el normal funcionamiento de la economía de mercado para avanzar en sus propios planes de “planificación progresista”.

Cuando el gobierno inicia una política de inflación y expansión del crédito, todo parece ir bien. Los beneficios aumentan porque los precios aumentan mientras que los costes empresariales parecen retrasarse un tiempo. Las empresas empiezan a expandirse. Aumenta la demanda de los distintos factores de producción (tierra, capital y trabajo).

Somos testigos de un periodo de alto empleo y alta productividad. Pero el aumento en la demanda de estos factores de producción aumenta naturalmente sus precios, que son costes empresariales. Estos costes aumentan hasta que alcanzan el punto en que los negocios dejan de ser rentables. En este punto, entramos en un periodo de recesión y reajuste. Dura hasta que los costes han bajado y los negocios vuelven a ser rentables.

Los sutiles instrumentos de la inflación y la expansión del crédito llevan primero al lado “próspero” del ciclo económico. Los métodos más crudos de aumentar los costes (por parte del gobierno o de sindicatos respaldados por el gobierno) llevan directamente al reajuste o incluso la depresión.

Por ejemplo, es evidente que los negocios deben declinar cuando, desdeñando completamente la productividad y los beneficios, el gobierno o los sindicatos fuerzan los costes más allá de lo que indicaría el mercado o cuando se aumentan los impuestos a las empresas o cuando se crea cualquier otro obstáculo a la producción que aumente los costes. En cada caso, los negocios empiezan inmediatamente a contraerse.

Cómo empezó la Depresión

Veamos este efecto en el ciclo económico con un análisis de la gran depresión de la década de 1930. Todo empezó con dos grandes estallidos de expansión del crédito creados por el Sistema de la Reserva Federal en 1924 y 1927. En ambos años, los bancos de la Reserva Federal compraron grandes cantidades de títulos públicos en el mercado abierto para inundar la economía como crédito y dinero barato y así alcanzar prosperidad y pleno empleo. El dinero recién creado, que fue rápidamente a préstamos reales e inversiones bancarias en títulos públicos, causó que la bolsa aumentara de golpe.

Sin embargo, los negocios en general, en esa fecha tardía, evitaron hacer uso completo de los fondos recién creados porque el aumento inducido de inflación en los costes había empezado a llevar a dificultades en un creciente número de sectores. Finalmente, en octubre de 1929, después de un aumento sin precedentes en los precios bursátiles, se puso en marcha el inevitable reajuste a la baja.

El gobierno “vino al rescate” inmediatamente intentando de nuevo rectificar el daño que ya había producido. En junio de 1930, el Congreso aprobó la Ley de Aranceles Smoot-Hawley que daba una alta protección arancelaria a las industrias estadounidenses. Esto eliminaba mucha de la competencia industrial extranjera en el mercado estadounidense. Los extranjeros, al no poder vender sus productos y conseguir dólares, no podían ya comprar productos estadounidenses.

Los sectores exportadores estadounidenses (especialmente la agricultura que solía exportar una gran porción de su producción y que ya se había visto dañada por previas interferencias públicas) empezaron a sufrir un rápido declinar en precios y una falta de empleo de capital y trabajo. En todo el mundo, empezó un movimiento irresistible de aumento de aranceles. Esto simplemente aceleró la caída del empleo.

En 1933, después de un inevitable repunte del pánico extremo, la depresión se intensificó con una mayor intervención pública en la economía, principalmente con la Ley de Recuperación Industrial Nacional. Esta ley imponía nueva disciplina interna y restricciones a las importaciones. Dictaba menores jornadas laborales y salarios mínimos para aumentar el poder adquisitivo aumentando las nóminas. Naturalmente, el inmenso aumento en los costes empresariales constituyó una medida contra la recuperación de éxito máximo. En el sur, donde el salario mínimo público estaba considerablemente por encima del salario del mercado libre determinado por la productividad laboral, alrededor de 500.000 negros se vieron inmediatamente sin empleo.

En 1935, el Congreso aprobó la Ley Wagner que llevó a unas feas condiciones laborales, infligiendo grandes pérdidas en las empresas. A través del Impuesto de Beneficios No Distribuidos de 1936, el Congreso de nuevo golpeaba los ahorros y la expansión empresarial. En 1937, la política del gobierno se dirigió a restringir, si no a destruir, la bolsa. Y en 1938, la Ley de Salarios y Jornadas generaba nuevos aumentos en los costes empresariales que afectó severamente al sur y, sobre todo, a Puerto Rico donde la productividad laboral era baja. Se produjo un inmenso desempleo.

En 1939, después de más de nueva años de planificación pública para el pleno empleo, más de nueve millones de estadounidenses, el 16,7% de la fuerza laboral, seguían sin trabar. Durante estos años, el desempleo nunca bajó de la cota de seis millones.

Guerra e inflación

El alivio acabó llegando a la sufrida nación durante la Segunda Guerra Mundial a través de la depreciación monetaria sin precedentes que facilitó la carga de costes empresariales que habían creado las políticas públicas por mantener  altos salarios y precios. Así que el mal de la depresión y el desempleo crónico se vieron sustituidos por el mal de la gigantesca inflación.

Repito que los auges y declives no forman parte de la naturaleza de una economía libre. Si el gobierno deja incluso ahora de inflar la oferta monetaria, de crear nuevos obstáculos al comercio internacional, de aprobar nuevas leyes de Recuperación Industrial Nacional, de fijar nuevos impuestos, de aumentar los salarios mínimos por encima del nivel del mercado, de aprobar nuevas leyes Wagner y de Salarios y Jornadas y de interferir de cualquier manera en las operaciones de la economía de mercado, 1929-1939 no se volverá a producir. Sin duda tendría que haber algunos reajustes, pero no podría haber una depresión como la de los treinta.

¿Pero podemos suponer que el gobierno desde ahora evitará interferir en la economía? ¡Seguro que no! La mayoría de los economistas-planificadores quieren que nuestro gobierno “vigile cuidadosamente nuestra economía e interfiera cuando haga falta”. Defienden la continua expansión del poder público en el vida económica y un mayor aumento en el número de “dispositivos de seguridad y estabilización incluidos y manejados por el gobierno federal”.

Y los siempre crecientes poderes del gobierno se ciernen sobre nuestra economía, para aplicarse a la discreción de “estabilizadores y movilizadores económicos”. Este conocimiento y el recuerdo de la miseria de la gran depresión deberían realmente ser para nosotros causa de alarma.

¿Cuáles son los planes de nuestros planificadores económicos en Washington y en los cuarteles generales de nuestros sindicatos? Ésta es la cuestión definitiva que el pronosticador debe atreverse a responder. Evidentemente, la pregunta es política y no puede responderse mediante razonamiento económico. Debemos conocer las ideologías políticas y económicas que prevalecen en la opinión pública y las ideas, nociones e intenciones de sus portavoces. Solo podemos adivinar por sus ideologías cuáles pueden ser sus acciones futuras y luego explicar los efectos económicos de dicha intervención política.

Políticas de la actual administración

Suponemos, basándonos en la comprensión de las condiciones políticas contemporáneas, que la actual administración continuará realizando “políticas moderadamente progresistas”. Esto significa que la administración limitará su interferencia en la economía de mercado a aquellas medidas que sean moderadamente dañinas. En este caso, hay esperanzas de que la economía de mercado sobrepase rápidamente sus efectos a través de su tremenda habilidad de adaptación y recuperación.

Supongamos por tanto que las políticas progresistas de Eisenhower no incluirán nuevos obstáculos al comercio internacional, ninguna nueva Ley de Recuperación Nacional, ningún nuevo impuesto o aumento de impuestos, ningún aumento de los salarios mínimos por encima del mercado y finalmente, ninguna ley Wagner y de Salarios y Jornadas.

En ese caso, se eliminarían muchas causas del declive económico. Pero permanecería una causa formidable en la armería de moderado progresismo del gobierno actual: la política de inflación y expansión del crédito.

Incluso un progresismo moderado parece significar una inflación continua. Al contrario de lo que dice lo más importante del programa de campaña del presidente (la promesa de un presupuesto equilibrado) la presente administración está gastando basándose en un déficit crónico. El año fiscal 1955-56 se prevé que sea el 23º año con déficit de los últimos 26. En el año fiscal que acabó en junio de 1953, el déficit del gobierno federal sumaba 9.400 millones de dólares- En el año siguiente, fue de 3.300 millones. Para el año actual que acaba en 1955, el déficit del Tesoro se estima que será de 4.700 millones.

Si sumamos a estas cifras el déficit mínimo de 3.000 millones de dólares estimado por el Secretario del Tesoro para el año fiscal 1955-56, llegamos a un total de más de 20.000 millones de dólares durante los cuatro años de la presidencia de Eisenhower.

Después de 25 años de gasto en déficit casi ininterrumpidos, hay una extendida aceptación pública de esta característica del progresismo. Pero el economista científico no puede dejar de ver los efectos de los déficits del Tesoro en su análisis de las condiciones económicas actuales. Debe tener en consideración el hecho de que nuestros políticos dejen de ver algo temible en un déficit de 20.000 millones y que incluso esta administración, que ha prometido ocuparse de esta característica del progresismo, ha abandonado finalmente la esperanza y ha adoptado el mal que quería eliminar.

Los resultados inevitables del gasto en déficit

Aceptando, como debemos, la obsesión de nuestro gobierno por el gasto público, analicemos brevemente sus consecuencias económicas.

Hay dos partes. Primero, la inflación y la expansión del crédito transfieren riqueza y poder adquisitivo de los bolsillos de los acreedores a los de los deudores. Si has ahorrado mil dólares y el gobierno los deprecia un 10%, pierdes un 10% de tu poder adquisitivo: eres un 10% más pobre, debido a la inflación del gobierno. Si has prestado tu dinero (en una cuenta de ahorro, una póliza de un seguro de vida o en un bono público o privado), debes perder cuando el gobierno deprecia tus derechos en dólares.

Pero este aspecto de la inflación es realmente mínimo cuando se compara con su otro vástago, los periodos de auge y declive. Como se ha explicado antes, el reajuste viene con la inevitabilidad de una ley económica una vez que nuestros planificadores monetarios han seguido la vía de la inflación y la expansión del crédito. No hay escapatoria.

Pero tan cierto como que debe haber un reajuste, tan determinados están nuestros planificadores a aplazar el día del juicio. Y es verdad que esto puede hacerse… temporalmente. Las consecuencias de las políticas de la inflación y la expansión del crédito, en lo que respecta al ciclo económico, pueden posponerse temporalmente  a través de una intensificación y aceleración del proceso de depreciación.

Es decir, nuestros planificadores monetarios pueden evitar temporalmente el inevitable declive y reajuste a través de un funcionamiento intensivo de las imprentas. Como todos los partidos políticos están resueltos en contra de cualquier reajuste económico, todos están dispuestos y determinados a recurrir a esta sabrosa pero trágica medicina en caso de que la economía en auge deba disiparse durante su periodo en el cargo.

Durante los dos últimos años, la administración republicana ha dado al pueblo una dosis completa de esta medicina contra el reajuste. Cuando la actividad económica empezó a declinar, rebajó dos veces los requisitos de reserva legal de todos los bancos miembros y así creó a golpe de pluma más de 10.000 millones de dólares en nuevo crédito bancario potencial. Rebajó dos veces en dos años los tipos de descuento de los bancos de la reserva Federal e hizo así más barato el crédito.

Los tipos de interés sobre el capital y los mercados monetarios están ahora tan bajos como pueden estar, salvo que haya una abolición completa de éstos. El papel comercial y las aceptaciones bancarias se comercian a un 1,25% anual, los fondos de federales, a menudo a menos del 0,5%. Esto es expandir el crédito.

Así que a través de una aceleración del proceso de depreciación, puede evitarse temporalmente el reajuste (tal vez por cinco, tal vez por diez o quince años). Pero debe terminarse.

Por supuesto, el mismo gobierno que infla y deprecia el dólar se opondrá y luchará contra los distintos síntomas de su propia política. ¡Los cargos públicos lucharán valientemente contra el inevitable aumento en los precios de materias primas y acciones causados por los actos de los cargos públicos! Tomarán medidas drásticas sobre el mercado bursátil, pero por supuesto, no sobre los dirigentes del Tesoro o la Reserva Federal.

Para “luchar contra la inflación” aumentarán las coberturas  al 75% o incluso al 100%; por supuesto, no abandonarán sus propias políticas inflacionistas. En las fases posteriores de la inflación, debemos incluso estar preparados para controles de precios, controles de salarios y aceleración del proceso de depreciación, ¿entonces por qué las políticas aceleradas aplicadas durante la década de 1930 no consiguieron tener este efecto retrasante?

La respuesta la hemos dado antes. Las numerosas cargas y obstáculos progresistas impuestos a las empresas, como la Ley de Aranceles Smoot-Hawley, la Ley de Recuperación Industrial Nacional, la Ley Wagner y la Ley de Salarios y Jornadas, anularon cualquier estímulo concebible, incluso el que proporcionaba una aceleración de la inflación.

Eliminando otras medidas intervencionistas, la aceleración de la inflación mostró rápidamente sus efectos. Acelera el aumento en los precios de las materias primas al tiempo que rebaja temporalmente los costes empresariales, especialmente los salarios reales, y así produce un efecto deseado: el pleno empleo. Esto es especialmente cierto hoy, cuando el gobierno tiene a su disposición multitud de agencias de préstamo a través de las cuales se canaliza en nuevo dinero y crédito directamente a todas las ramas de la economía. Estas agencias están dispuestas y preparadas, si las autoridades monetarias lo estiman necesario, incluso a distribuir dinero y crédito gratis a todos los solicitantes.

Ésta es la diferencia entre 1929-1939 y hoy. Al eliminar medidas “progresistas” radicales, continuarán funcionando una inflación y expansión del crédito aceleradas durante un tiempo en los próximos años. Esto retrasará el inevitable declive y reajuste, hasta el punto de la destrucción total de la divisa. Es el final del camino en el que estamos viajando.

Si continuamos, el crash final en 1965 o 1975 hará que el de 1929 parezca insignificante e inocuo. Será un terrible despertar para millones de estadounidenses.

Una advertencia final, dada con reticencias: Puede que no seamos ni siquiera los suficientemente afortunados como para hacer ningún  reajuste en algún momento en el futuro. En su lugar, espoleados por un pueblo que ha perdido todo sentido de la realidad económica, el gobierno puede asumir un control completo de la economía. Así que es verdad que no habría ninguna depresión ni desempleo en el sentido aceptado, pero la alternativa no es agradable de contemplar.

El pueblo estadounidense puede dar la espalda a esta locura cuando esté dispuesto a asumir la responsabilidad de sus propios asuntos en una economía de mercado, en lugar de someter sus libertades y responsabilidades a Washington y a una economía controlada.

Hans F. Sennholz (1922-2007) fue el primer estudiante de doctorado de Ludwig von Mises en los Estados Unidos. Enseñó economía en el Grove City College, 1956-1992, contratado como jefe de departamento desde su llegada. Después de jubilarse se convirtió en presidente de la Fundación para la Educación Económica, 1992-1997. Fue investigador adjunto del Instituto Mises y en octubre de 2004 ganó el Premio Gary G. Schlarbaum, por una vida en defensa de la libertad.