Por Thomas J. DiLorenzo. (Publicado el 24 de febrero de 2011)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5072.
La principal razón por la que muchos gobiernos estatales y locales están quebrados o al borde de la quiebra es la combinación de monopolios gestionados por el gobierno y sindicatos de empleados públicos. Los sindicatos de empleados públicos tienen muchp más poder que los sindicatos del sector privado porque las entidades para las que trabajan son normalmente monopolios.
Cuando los empleados de una tienda de alimentación, por ejemplo, van a la huelga y cierran la tienda, los consumidores sencillamente pueden comprar en otro lugar y la dirección de la tienda es perfectamente libre de contratar a sustitutos. Por el contrario, cuando el sindicato de maestros o de conductores de los camiones de la basura de una ciudad va a la huelga, no hay escuela ni recogida de basuras mientras dure la huelga. Además, las regulaciones de los puestos de maestros (normalmente tras dos o tres años en escuelas públicas) y del servicio civil hacen extremadamente costoso, si no virtualmente imposible, contratar a trabajadores de reemplazo.
Así que cuando los burócratas del gobierno van a la huelga tienen la capacidad de cerrar completamente toda la “industria” en la que “trabajan” indefinidamente. Los contribuyentes se quejarán amargamente de la ausencia de escuelas y recogida de basura, obligando al alcalde, gobernador o concejales de la ciudad a ceder rápidamente a las demandas del sindicato para evitar la pérdida de sus propios empleos debido a la insatisfacción de los votantes. Este proceso es la razón principal por la que, en general, los gastos de los gobiernos estatales y locales han aumentado desorbitadamente un año tras otro, mientras disminuye la “producción” de los funcionarios públicos.
Durante décadas los investigadores han notado que cuanto más dinero se gasta por alumno en escuelas públicas, peor es el rendimiento de los estudiantes. Resultados similares predominan en otras áreas del “servicio” público. Como escribió una vez Milton Friedman, las burocracias públicas (especialmente las sindicalizadas) son como agujeros negros económicos en los que el aumento en las “entradas” genera una disminución de “salidas”. Cuanto más se gasta en escuelas públicas, menos formados están los estudiantes. Cuando más se gasta en el estado de bienestar, más pobreza hay, y así sucesivamente. Por supuesto, esto es exactamente lo contrario de la vida económica en el sector privado, en el que aumentos en las entradas llevan a más productos y servicios, no a menos.
Hace treinta años, la economista Sharon Smith publicaba una investigación que mostraba que los empleados públicos tenían sueldos de hasta un 40% más que empleados comparables en el sector privado. Si ha pasado algo, probablemente esta prima salarial se haya incrementado.
El enorme poder de los sindicados de empleados públicos transfiere en la práctica el poder de fijar impuestos de los votantes a los sindicatos. Como los sindicatos de empleados públicos pueden forzar tan fácilmente a los cargosa electos a aumentar impuestos para cumplir con sus “demandas”, son ellos, no los votantes, los que controlan el nivel impositivo dentro de una jurisdicción política. Son los beneficiarios de una forma particular de impuestos sin representación (no es que los impuestos con representación sean mucho mejores). Por esto algunos estados tienen leyes prohibiendo las huelgas a los sindicatos de empleados públicos. (A menudo los sindicatos se ponen en huelga de todas formas).
Los políticos se ven atrapados en un aprieto político por los sindicatos de empleados públicos: si aceptan sus demandas salariales y aumentan los impuestos para financiarlas, aumentan las posibilidades de ser expulsados de sus cargos en las siguientes elecciones. La “solución” a este dilema ha sido ofrecer a los sindicatos de empleados públicos aumentos salariales moderados pero promesas de jubilación espectaculares. Esto permite a los políticos contentar a los sindicatos pero difiere los costes al futuro, mucho después de que los contentadotes se hayan retirado de la política.
Como están viendo los contribuyentes de California, Wisconsin, Indiana y muchos otros estados, el futuro ha llegado. El Wall Street Journal informa de que los gobiernos estatales y locales en Estados Unidos tienen actualmente obligaciones en pensiones por 3,5 billones de dólares sin financiación. Deben o bien aumentar dramáticamente los impuestos para financiar estas obligaciones, como algunos ya han hecho, o recortar drásticamente o eliminar las pensiones a los empleados públicos.
Los sindicatos de empleados públicos están principalmente interesados en maximizar los beneficios del sindicato. Por consiguiente, usan las regulaciones del servicio civil como una herramienta para proteger el empleo del último burócrata público, sin que importe lo incompetente o irresponsable que sea. Menos burócratas empleados significan menos cuotas sindicales pagadas. Así que está casi garantizado que los sindicatos de empleados públicos discutirán en los tribunales el intento de despedir a todos los burócratas, salvo ocasionalmente los acusados de un comportamiento criminal real. Esto significa que despedir por ejemplo a un maestro de escuela incompetente puede llevar meses, o años, de disputa legal.
Los políticos descubrieron hace mucho que la respuesta más cómoda a este dilema es en realidad recompensar al burócrata incompetente con un trabajo administrativo que éste aceptará encantado junto con su mayor paga y gabelas. Eso resuelve el problema de padres que se quejan de que el profesor de matemáticas de su hijo no sabe matemáticas, al tiempo que elimina la posibilidad de una demanda del sindicato. Por eso las oficinas administrativas de las escuelas públicas son hinchadas monstruosidades burocráticas llenas de maestros que no pueden enseñar y a los que se les da la responsabilidad de “administrar” en su lugar todo el sistema de la escuela. Ninguna escuela del sector privado podría sobrevivir con una política tan perversa.
Los sindicatos de empleados públicos defienden asimismo el “colchón”: la práctica sindical de obligar a contratar a más gente de la necesaria para realizar el trabajo. Si esto ocurriera en el sector privado, los mayores costes salariales harían menos competitiva y menos rentable a la empresa. Puede incluso ir a la quiebra, como aprendieron hace décadas las muy sindicalizadas industrias del acero, el automóvil y el textil estadounidenses.
Nada de eso sucede en el sector público, donde no hay cuentas de pérdidas y ganancias, en sentido contable y en todo caso la mayoría de las agencias son monopolios. Los colchones en el sector público se ven como un beneficio, tanto para políticos como para sindicatos, pero sin dudo no para contribuyentes. Los sindicatos recaudan más cuotas sindicales debido a que hay más empelados públicos, mientras que los políticos pueden ofrecer más trabajos a su clientela. Cada trabajo clientelar normalmente genera dos o más votos, ya que siempre puede contarse con que el empleado público haga que un miembro de su familia o amigo cercano vote al político que le dio el trabajo. Por eso, en la amplia literatura que muestra la eficiencia superior de las empresas privadas frente a las públicas, el gobierno casi siempre tiene costes laborales más altos para las mismas funciones.
Todo sindicato de empleados públicos es una maquinaria política que cabildea incansablemente a favor de impuestos más altos, aumentos en el gasto público, más colchones y más promesas de pensiones. Mientras demonizan a los reticentes contribuyentes como desalmados enemigos de los niños, los ancianos y los pobres (que supuestamente se ven “atendidos” por los burócratas públicos a los que representan los sindicatos).
Es el viejo truco socialista del que escribió Frédéric Bastiat en su famoso ensayo La ley: Los sindicatos ven a los defensores de la privatización de la escuela, no como críticos legítimos de un sistema fallido, sino como gente que odia a los niños. Y los sindicatos tratan a los críticos del estado del bienestar, no como personas preocupadas por la destrucción de la ética del trabajo y de la familia que ha causado el estado del bienestar, sino como enemigos de los pobres.
Este cuento se acabó. Los contribuyentes estadounidenses parecen por fin ser conscientes de que son los sirvientes, no los años, del gobierno a todos los niveles. Los sindicatos de empleados públicos han desempeñado un papel clave en causar la quiebra en la mayoría de los estados de Estados Unidos y sus peticiones de más rescates financiados por inacabables aumentos en impuestos suenan por fin forzadas.
Thomas DiLorenzo es profesor de economía en la Universidad de Loyola en Maryland y miembro de la facultar superior del Instituto Mises. Es autor de El verdadero Lincoln, Lincoln Unmasked, How Capitalism Saved America y Hamilton's Curse: How Jefferson’s Archenemy Betrayed the American Revolution — And What It Means for Americans Today.