Mises Daily en español

Por Robert P. Murphy. (Publicado el 5 de septiembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5618.

La pasada semana, el Departamento de Justicia demandó bloquear la propuesta de adquisición por AT&T de T-Mobile por 39.000 millones de dólares. El gobierno afirmaba que la fusión reduciría la competencia y por tanto dañaría a los consumidores. Más allá de la hipocresía del gobierno federal quejándose de medidas anticompetitivas, la acción antitrust es errónea desde bases morales, teóricas y prácticas. Un mercado libre basado en el intercambio voluntario de propiedades generaría precios más bajos y mejor servicio para los usuarios de teléfonos celulares.

La postura del gobierno

Como es habitual, los representantes del gobierno de EEUU han afirmador que son servidores del público:

La demanda del Departamento de Justicia, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, decía que T-Mobile “supone una importante presión competitiva sobre sus tres rivales mayores, particularmente en términos de precio, un aspecto críticamente importante de la competencia”.

La demanda también destacaba la red de alta velocidad de T-Mobile y sus innovaciones en tecnología, advirtiendo que era la primera en usar el sistema operativo Android de Google y el correo inalámbrico de BlackBerry, entre otras cosas.

La eliminación por AT&T de T-Mobile como un rival independiente de bajo precio eliminaría una fuerza competitiva significativa del mercado”, decía la demanda. “Así que, si se lleva a cabo la adquisición, los clientes de servicios de telecomunicación móvil inalámbrica probablemente afronten precios más altos, menor variedad de productos e innovación y servicios de peor calidad debido a la reducción de incentivos para la innovación que existirían en ausencia de la fusión”.

En primer lugar, es gracioso escuchar a agentes del gobierno federal expresar su simpatía por el atribulado consumidor. Incluso el estudio más básico de economía lleva a una persona a darse cuenta de que el gobierno de EEUU es el mayor violador del bienestar del consumidor en todo el planeta. Ya sea con sus aranceles, leyes de salario mínimo, códigos fiscales laberínticos o miles de contraproducentes regulaciones empresariales, el gobierno de EEUU es un experto en conseguir “precios más altos, menor variedad de productos y servicios de peor calidad” para los consumidores estadounidenses.

Aún incluso dejando de lado la hipocresía, hay serios problemas con el alegato de manual de aplicación del antitrust. Estos problemas incluyen consideraciones morales, teóricas y prácticas.

Objeciones morales al antitrust

Desde un punto de vista libertario, la objeción más evidente e inmediata a la aplicación del antitrust es que viola derechos básicos de propiedad. Al contrario de algunos de los comentarios de los lectores que siguen al artículo antes enlazado, el Departamento de Justicia no está “protegiendo” a T-Mobile de ser engullido por el maloso AT&T. No, cuando se produce una fusión empresarial, es porque un número suficiente de accionistas de ambas empresas aprueba el acuerdo. (Advirtamos que esto es cierto incluso en las llamadas compras hostiles).

La demanda del gobierno bloqueando la fusión propuesta limita lo que pueden hacer con su propiedad los propietarios de AT&T y T-Mobile, aunque su pretendida fusión no habría violado los derechos de propiedad de nadie más. Como tal, la acción del gobierno es inválida desde presupuestos libertarios.

El alegato teórico contra el antitrust

Una un importante cuerpo doctrinal que cuestiona la legislación antitrust incluso bajo bases económicas puramente teóricas. En la tradición austriaca, una obra clásica es Antitrust: The Case for Repeal¸ de Dominick Armentano. Para quienes prefieran las lecciones a los libros “Monopoly and Competition”, de Thomas DiLorenzo  es una excelente introducción a la visión austriaca en esta área.

La postura austriaca básica es que mientras haya libre entrada en un sector (lo que significa que no haya privilegios públicos especiales a los afectados) hay una sana competencia, manteniendo alerta a los empresarios. Si los negocios existentes remolonean y hacen que la calidad sufra demasiado o si se hacen avariciosos y aumentan los precios demasiado, entonces nuevas empresas entrarán en el sector y captarán porciones del mercado.

No tiene nada de mágico tener cierto número de competidores en un sector. En el caso de la telefonía celular, no tenemos ninguna razón para suponer que tener tres empresas dominantes se más eficiente o sirva a los clientes mejor que tener dos empresas dominantes. ¿Es óptimo el número actual de empresas? Si lo es, ¡menuda coincidencia! Si no, ¿por qué no hacer que el Departamento de Justicia divida AT&T en 14 empresas más pequeñas, o tal vez en 13 o 15? ¿Quién sabe?

El sector de los celulares es un ejemplo clásico de “bienes de red”, en el que la utilidad de un producto o servicio depende en parte de cuánta gente más lo utilice. También es un ejemplo clásico de economías de escala, en el que el costo unitario de dar servicio (digamos) a 100 clientes es mucho mayor que el costo unitario de servir a 100.000 clientes.

La teoría económica de la corriente principal puede demostrar “fallos de mercado” en dichos sectores vayan o vengan las empresas. Si vemos ciertos tipos de sectores caracterizados por numerosas compañías con pequeñas porciones de mercado, es una prueba de que hay una redundancia “derrochadora”, que requiere la intervención benévola del gobierno. (Es parte de la justificación habitual de la regulación pública del servicio telefónico tradicional, así como de otros servicios públicos). Y aún así cuando vemos que el mercado responde a esas realidades mediante su consolidación, el Departamento de Justicia salta por “restringirse la competencia”.

Sí, si los cargos públicos tuvieran un conocimiento perfecto de todas las posibilidades tecnológicas y de la demanda de los clientes y  pudiésemos confiar en que esos cargos implantaran adecuadamente soluciones en tiempo real, entonces teóricamente la regulación pública podría mejorar el resultado espontáneo de los mercados descentralizados.

En realidad no se sostiene ninguna de estas suposiciones. En concreto, cuando un empresario presenta un producto completamente nuevo, tiene temporalmente un “monopolio” para el ciudadano medio. Por tanto, si aplicamos los modelos de libro a esta situación, estaríamos horrorizados ante los altos precios y el bajo rendimiento de este sector “monopolizado”. Hombre, con que solo docenas de competidores tuvieran la misma “función de producción”, entonces la producción sería mayor y los precios menores. ¡El mercado fracasa!

Esto no tiene sentido. Por definición, nadie conoce el nuevo producto o servicio hasta que el empresario innovador ha realizado su sueño. El periodo temporal de ganancias relativamente altas es parte del premio que motiva a los emprendedores a pensar principalmente en esta línea. Si el gobierno toma medidas cada vez que alguien inventa un nuevo producto o servicio (diciendo que protege al consumidor), entonces los consumidores estarán peor.

En un mercado libre, las empresas solo pueden convertirse en “dominantes” sirviendo a los consumidores mejor que sus competidoras. Incluso si una empresa ha “derrotado” a todos sus competidores, sigue siendo vulnerables a la competencia de recién llegados. En la década de 1970, IBM era considerada una empresa inexpugnable, que supuestamente tenía un control completo sobre el sector informático. En la década de 1990, la gente pensaba lo mismo de Microsoft, mientras que hoy lo piensa de Google, sin darse cuenta de que podría ser un dinosaurio en una década.

En tiempos más recientes, Facebook parecía tener un monopolio en sitios de redes sociales: después de todo, parecía casi por definición imposible para un recién llegado hacer que la gente se cambiara, una vez que tanto estaban usando ya Facebook. Y aún así, como explica Jeffrey Tucker, Google+ identificó algunos defectos serios en la postura de Facebook y actualmente esta haciendo lo que a muchos les parecía imposible cuando se hizo la película sobre Facebook.

Aplicación del antitrust: Corrupta en la práctica

En la sección anterior, he ofrecido algunas objeciones teóricas a la justificación económica habitual de la aplicación del antitrust. Aún así, en el mundo real, el alegato contra el antitrust es incluso más evidente: normalmente, las demandas contras las empresas gigantes no las presentan académicos desinteresados que dibujan curvas de oferta y demanda en su pizarra para ver qué ayudará más a la gente.

Por el contrario, la típica demanda antitrust la realizan los competidores sin éxito de las empresas dominantes. Como explicaba Dominick Armentano en una entrevista en 1998:

La investigación ha demostrado que [la legislación antitrust] empezó cuando los intereses empresariales quisieron que se regulara a su competencia. Esto es cierto para el antitrust a nivel estatal. Y si nos remontamos a los orígenes de la Ley Sherman, queda claro que las petroleras competidoras menos eficientes querían tener una ley federal que regulara las actividades del supuesto trust del petróleo.

Hay muy poca controversia sobre la Federal Trade Act de 1914: los intereses de las pequeñas empresas requerían una ley que recayera sobre las grandes compañías. Por eso se escribió la ley. La Ley Robinson-Patman que salió de la Gran Depresión hizo crecer las demandas de los intereses especiales. La U.S. Wholesale Grocers Association acabó escribiendo por sí misma la ley, y sencillamente consiguió que Robinson y Patman patrocinaran una ley dirigida concretamente contra A&P.

En resumen, no hubo una edad de oro del antitrust en la que el abuso monopolístico estaba desbocado en un mercado libre y el gobierno apatreció para salvaguardar el interés público. La ley antitrust ha sido siempre legalmente ambigua, teóricamente insostenibles y empíricamente injustificable. Y digamos que no podemos establecer que el antitrust se originara como una ley de intereses especiales. Se trata de que ha sido usada como una ley de intereses especiales. Así funciona en la práctica la ley.

Conclusión

Las leyes antitrust son objetables desde el punto de vista de la moralidad, la teoría económica y la práctica histórica. En lugar de confiar en que el gobierno federal (¡de todas las organizaciones!) garantice bajos precios y alta calidad para los usuarios de teléfonos celulares, los estadounidenses deberían reclamar un verdadero mercado libre.