Por Thomas J. DiLorenzo. (Publicado el 23 de octubre de
2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/story/3793.
Hace tiempo inventé el término “fascialismo” para describir
el sistema estadounidense de economía política.. Fascialismo significa una
economía en parte fascistas, en parte socialista. El fascismo económico no
tiene nada que ver con dictaduras, militarismo o absurdas teorías racistas. El
fascismo es una rama del socialismo que fue el sistema económico de Alemania e
Italia a principios del siglo XX. Se caracterizaba por empresas privadas, pero
que estaban completamente reguladas y regimentadas por el estado, aparentemente
“por el interés público” (arbitrariamente definido pro el estado).
El socialismo empezó significando la propiedad gubernamental
de los medios de producción, pero paso a significar igualitarismo promovido por
impuestos “progresivos” e instituciones del estado del bienestar, como indicaba
F.A. Hayek en su prólogo a la edición de 1976 de Camino
de servidumbre. Los problemas del sistema sanitario estadounidense se
deben íntegramente al hecho de que el gobierno somete al sistema a
intervenciones masivas, algunas de las cuales son de naturaleza fascista y
otras son socialistas.
En 1992, la Hoover Institution publicó un ensayo de Milton
Friedman titulado “Input and Output in Medical Care”, en el que Friedman
documentaba cómo al principio del siglo XX, alrededor del 90% de todos los
hospitales estadounidenses eran privados, de empresas que buscaban beneficios.
Entonces el estado y los gobiernos locales empezaron a apoderarse del sector
hospitalario. Así que a principios de los 1990 sólo alrededor del 10% de todos
los hospitales estadounidenses eran privados, de empresas que buscaban
beneficios. El socialismo caracteriza al menos el 90% de todos los hospitales.
Muchos otros hospitales han recibido subvenciones del gobierno y con éstas
llegan resmas de regulaciones, haciéndolos fascistas pro definición.
El efecto de esta vasta apropiación gubernamental de la
industria hospitalaria, documentaba Friedman, es lo que cualquier estudiante de
la economía de la burocracia debería esperar: cuanto más se gasta en atención
hospitalaria, pero se va a haciendo la calidad y cantidad de dicha atención,
gracias a los efectos de la burocratización gubernamental. De acuerdo con Friedman,
a medida que el gobierno iba apropiándose de una mayor porción de la industria
hospitalaria (al estar exento de las leyes antitrust) el personal de hospital
por cama ocupada se quintuplicó y el coste por cama se decuplicó.
Friedman concluía que la “Ley de Gammon”, llamada así por el
médico británico Max Gammon, “ha sido de plena aplicación para los hospitales
de EEUU desde el final de la Segunda Guerra Mundial”. La Ley de Gammon dice que
“En un sistema burocrático, los aumentos en gastos corresponderán a descensos
en producción. (…) Esos sistemas actuarán como ‘agujeros negros’ en el universo
económico absorbiendo recursos y empequeñeciéndose en términos de (…)
producción”. El Dr. Gammon sin duda conocía de qué hablaba, habiendo
desarrollado su carrera en el Servicio Británico de Sanidad Nacional.
“El sistema médico de EEUU, en buena medida, se ha
convertido en una empresa socialista”, terminaba Friedman. Friedman asimismo
sugirió una vez un silogismo para explicar el absurdo espectáculo hoy a la
vista de responder a problemas causados por el socialismo en la sanidad con más
socialismo en la sanidad.
El silogismo era el siguiente:
- El
socialismo ha sido un fracaso allá donde se ha probado;
- Todos
saben esto;
- Por
tanto, necesitamos más socialismo.
Varias capas de regulación cubren cualquier aspecto de la
atención médica y del aseguramiento sanitario en Estados Unidos. Por ejemplo,
en el sector del seguro médico cada estado impone docenas de mandatos
regulatorios sobre las aseguradoras, obligándolas a incluir cobertura de todo,
desde terapias de masaje a implantes de pelo. La razón de esos mandatos es que
los sectores de las terapias de masaje e implante de cabello (y muchas otras)
contratan a cabilderos para sobornar a los legisladores estatales para obligar
a las aseguradoras a cubrir su práctica particular si quien vender seguros en
el estado. Entre los estados con mayor número de regulaciones en 2009 están
Rhode Island (70), Minnesota (68), Maryland (66), Nuevo México (57) y Maine
(55). Idaho es el que tiene menos regulaciones (13), seguido pro Alabama (21),
Utah (23) y Hawai (24).
Cada mandato aumenta el coste del seguro médico y
probablemente incrementa la póliza típica en cientos o miles dólares anuales.
Es un buen ejemplo de fascismo en la sanidad.
La política del gobierno en el sector del seguro médico
aplica a la vez tanto el freno como acelerador. Mientras impone regulaciones
onerosas y que aumentan los costes, también limitan la responsabilidad legal en
algunos casos en que una aseguradora rechaza pagar un procedimiento o
tratamiento particular que cuesta la vida a un paciente. El estado también crea
cárteles a nivel estatal con leyes que prohíben la portabilidad de algunos
aspectos del seguro médico. (Por ejemplo, el seguro médico de mi empleador
cubre los gastos de farmacia en Maryland, donde resido, pero no en otros
estados).
Volviendo al socialismo puro, los hospitales de Medicare,
Medicaid y la Administración de Veteranos socializan una parte muy grande de la
sanidad en Estados Unidos, con los mismos resultados predecibles que la
socialización de los hospitales: costes desbocados década tras década y fraudes
masivos como suele pasar cuando se permite a los políticos gastar el dinero de
otros. Incluso el gobierno federal admite que hay actualmente un fraude de
alrededor de 60.000 millones de dólares en Medicare. Como el gobierno siempre
infraestima el coste de todo lo que hace, posiblemente el número real sea el
doble o el triple de esa cantidad.
Habiéndose apoderado de l mayoría del sector hospitalario,
el gobierno o los hospitales subvencionados por el gobierno se han creado un
poder monopolístico regional con la llamada regulación del “certificado de
necesidad” (CON, por sus siglas en inglés). Esta estafa funciona así: un
hospital existente en un área se arroga el “derecho” legal a decidir si hay una
“necesidad” legítima de más hospitales. En otras palabras, se han otorgado el
derecho de veto a nueva competencia en el sector hospitalario. Es como si
Microsoft tuviera un derecho legal para vetar nueva competencia en el sector
informático.
No es sorprendente que lo estudios hayan demostrado que las
regulaciones CON han aumentado los gastos de hospital. La regulación CON
también se usa para bloquear la competencia en varias profesiones de la
sanidad, desde enfermería a asistencia domiciliaria. (Una vez se me pidió que
ayudara a un grupo de enfermeras para obtener la licencia CON en el Condado de
Fairfax, Virginia, de manera que pudieran iniciar su negocio de asistencia
domiciliaria. El gobierno del condado estaba ya en el negocio y naturalmente
vetó su solicitud).
Los médicos han disfrutado desde hace tiempo un grado de
poder monopolístico derivado de las asambleas legislativas de estados que
delegaban en la Asociación Médica Americana (el sindicato de doctores) el
“derecho” a limitar la entrada en las escuelas de medicina a través de
acreditación. Sólo se licencia para practicar la medicina a graduados en
escuelas médicas acreditadas (por la AMA). La AMA ha usado estos privilegios
otorgados por los estados para limitar tanto el número de escuelas médicas como
el de graduados en éstas. La reducida oferta de doctores sube el precio de la
atención médica y los ingresos de los miembros del AMA. Cientos de otras
profesiones sanitarias limitan la entrada con la ayuda de la regulación de las
licencias de ocupación, cuyo primer efecto es crear beneficios de monopolio, no
asegurar la calidad de la asistencia.
La regulación gubernamental de las farmacéuticas y los
dispositivos médicos, principalmente por la Administración de Alimentación y
Drogas (FDA, por sus siglas en inglés) aumenta los costes de la sanidad, niega
los beneficios de miríadas de drogas y dispositivos útiles y crea un poder de
monopolio. Ha sido literalmente responsable de la muerte prematura de miles de estadounidenses
ha quienes se les ha privado de drogas que ya estaban disponibles hace tiempo
para gente de otros países.
Los burócratas de la FDA tienen una extremada aversión al
riesgo: Por un lado, no les cuesta nada personalmente demorar la aprobación de
una droga que puede salvar vidas durante años, si no década, pidiendo un test
tras otro. Por el otro lado, si permiten entrar en el mercado una droga que
resulta ser peligrosa, es desastre para las relaciones públicas de la Agencia,
con el que no quiere verse asociada. En consecuencia, la entrada de nuevas
drogas y dispositivos médicos en el mercado a menudo se demora años, costando
muchas vidas e infligiendo mucho dolor innecesario a quienes ya sufren, al
tiempo que se aumentan los precios.
La FDA también hace al mercado de las farmacéuticas menos
competitivo restringiendo lo que la publicidad puede decir para miríadas de
drogas, incluso la aspirina. Las nuevas drogas no pueden hacer ningún bien a
los consumidores si no las conocen. Las restricciones publicitarias impuestas
por la FDA, por tanto, aumentan los beneficios de los miembros del mercado
afectados a expensas de los que intentan ingresar en el sector y de los
consumidores.
El sistema legal gubernamental es asimismo responsable de lo
que suele llamarse “la crisis de responsabilidad”. La génesis de esta crisis
empezó en los 1960. Los tribunales empezaron a aceptar el argumento de la
Escuela de Derecho y Economía de Chicago de que asignando toda la
responsabilidad en los casos de responsabilidad por el producto a los
fabricantes sería una buena forma de minimizar los “costes sociales” de los
accidentes. Los fabricantes saben más que nadie acerca de productos como los
dispositivos médicos, seguía el argumento, así que la ley de contratos y la
responsabilidad compartida por accidentes con los usuarios del producto se
mandaron a la basura.
Así que cuando acaece un accidente, los abogados hábiles lo
tienen fácil para convencer a jurados ignorantes otorgar millones o cientos de
millones de dólares en reclamaciones judiciales. Estas demandas han hecho
quebrara a fabricantes de muchos dispositivos médicos, convenciendo a otros de
que los dispositivos son muy arriesgados como para fabricarlos. El efecto en el
consumidor de asistencia médica es peor asistencia y precios más altos.
Hay miles de otras regulaciones gubernamentales y controles
sobre todos los aspectos de la sanidad, incluso (o especialmente) en el sector
se la enfermería a domicilio. Como la mayoría de las regulaciones, beneficia
poco o nada al público. Lo más frecuente es que se parte de un acuerdo con un
cártel por algún grupo de practicantes de la medicina que están en connivencia
con políticos federales, estatales o locales que siempre están dispuestos a
vender a sus “electores” a cambio de una generosa “contribución” a su campaña.
La única solución sensata de “reforma” de la sanidad” sería
una privatización masiva de los socializados hospitales de los Estados Unidos,
combinada con una desregulación de las profesiones médicas para introducir más
competencia y una desregulación del sector del seguro médico. La competencia
del libre mercado produciría “milagros” médicos como nuca se han visto, bajando
drásticamente los costes de la sanidad, igual que ha ocurrido con otros
sectores donde se permite su existencia en buena medida.
No se muy posible que esto ocurra en Estados Unidos, que de
momento parece empeñado en descender a los abismos del socialismo. Sin embargo,
una vez que algunos estados empiecen a separarse de nuevo estado fascialista
estadounidense habrá oportunidad para restaurar la libertad sanitaria en ellos.
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